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CAMPO | El anuncio del presidente Javier Milei de reducir las retenciones al trigo y la cebada sacudió al sector agropecuario y encendió el debate sobre sus alcances reales. La medida, detallada por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue recibida con optimismo moderado por las entidades del campo, aunque distintos informes técnicos advierten que el impacto en el bolsillo del productor es positivo pero insuficiente frente al aumento de costos registrado en los últimos meses.
Desde el lado fiscal, el propio Caputo fue contundente al señalar que el costo para el Estado es acotado en el corto plazo. "Para el 2026, aplica solamente para lo que es trigo y cebada, y está aproximadamente en el orden de los 32 millones de dólares. En el caso del 2027 o del 2028, ahí aplica para todo el resto de los cultivos. En 2028 ya pega de lleno. Por lo tanto, el costo sube significativamente y se va a los 1.200 millones de dólares en el caso solamente de lo que son las retenciones al agro", precisó el funcionario.
Esa estimación es consistente con los relevamientos realizados por distintas instituciones técnicas. La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) calculó un impacto fiscal de unos 30 millones de dólares para lo que resta de la campaña actual, con impacto en 2026, y de entre 50 y 60 millones para la campaña que está comenzando. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en tanto, lo ubicó en torno a los 29 millones de dólares para el corriente año, aclarando que una buena parte de las exportaciones previstas ya fueron vendidas al exterior y que el saldo remanente limita la magnitud del beneficio impositivo.
Según el análisis de la BCR, del total estimado de 19 millones de toneladas de exportaciones trigueras para el ciclo, restaban vender 5,3 millones de toneladas al momento del anuncio. Con los precios FOB promedio proyectados para el período junio-noviembre, el costo fiscal del trigo alcanza los 26,2 millones de dólares, mientras que el de la cebada suma 3,3 millones adicionales. La entidad rosarina también señaló que si la rebaja incentiva mayores ventas externas y las exportaciones trigueras totales del ciclo 2025/26 escalan a 20 millones de toneladas, el costo fiscal se reduciría a apenas 12,7 millones de dólares.
El economista Juan Manuel Garzón, del Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea (IERAL), calificó la medida como "una señal positiva, con costo fiscal acotado y desafíos pendientes". En sus estimaciones, el impacto fiscal directo en 2026 no superaría los 30 millones de dólares, y para 2027, cuando la reducción operaría sobre una campaña completa, la menor recaudación ascendería a aproximadamente 90 millones de dólares. Para el caso de la soja, donde la rebaja comenzaría a regir en enero de 2027, Garzón estimó que el costo dependería del ritmo de reducción mensual aplicado: si fuera de 0,25 puntos porcentuales, el impacto rondaría los 300 millones de dólares; si fuera de 0,5 puntos, podría acercarse a los 600 millones. En conjunto, para 2027, la menor recaudación directa podría ubicarse en un rango de entre 390 y 690 millones de dólares, equivalente a entre el 0,06% y el 0,10% del PIB proyectado para ese año.
En lo que respecta al productor, el análisis es más matizado. Coninagro destacó con optimismo que la reducción de 2 puntos porcentuales en las alícuotas de trigo y cebada permite compensar casi el 100% del incremento registrado en el precio de la urea y el gasoil. La BCR, por su parte, estimó que la medida se traduce en una mejora directa en la capacidad de pago compradora de entre 2,2% y 2,3% según las distintas posiciones, lo que en términos absolutos representa entre 4,8 y 4,9 dólares por tonelada.
Sin embargo, no todas las voces del sector comparten ese optimismo. El ruralista y ex secretario de Agregado de Valor durante la presidencia de Mauricio Macri, Néstor Roulet, fue más crítico y sostuvo que la rebaja "tiene sabor a poco". En su análisis, Roulet señaló que el costo de producción del trigo aumentó cerca de 100 dólares por hectárea en los últimos tres meses, afectando cultivos cuyos márgenes ya eran ajustados de por sí. Frente a eso, la baja del 2% —que lleva la alícuota al 5,5%— solo cubriría entre el 36% y el 38% de ese incremento de costos. "Si el costo del trigo aumentó prácticamente 100 U$S/ha en un cultivo donde los márgenes de por sí estaban ajustados, el consejo sería eliminar estas retenciones en su totalidad para cubrir dichos costos", sostuvo Roulet, quien advirtió que la medida podría no ser suficiente para evitar que algunos productores, especialmente en esquemas de rotación trigo-soja, decidan directamente no sembrar el cereal ante la incertidumbre de rentabilidad.
La discusión, entonces, deja en evidencia una tensión estructural que el sector agropecuario pampeano y del país conoce bien: la brecha entre una señal política positiva y la realidad concreta de quienes trabajan la tierra. La rebaja existe, el beneficio es real, pero para muchos productores del norte de La Pampa y la región, los números siguen siendo un desafío que ninguna baja parcial resuelve del todo.
