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La situación judicial del jefe de Gabinete Manuel Adorni podría complicarse en las próximas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo analizara citarlo a declaración indagatoria en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos irregulares con el productor televisivo Marcelo Grandio.
La investigación, impulsada junto al fiscal Gerardo Pollicita, se centra en la relación entre Adorni y Grandio, dueño de la productora Imhouse, firma que mantiene contratos con la TV Pública. En Comodoro Py consideran que una eventual indagatoria implicaría que el expediente alcanzó un grado avanzado y que existirían elementos suficientes para sospechar de posibles delitos.
Uno de los puntos clave es el viaje que Adorni realizó con su familia a Punta del Este durante el feriado de Carnaval en un avión privado. Aunque el funcionario sostuvo públicamente que pagó el traslado con dinero propio, el broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y abonado por Grandio a través de Imhouse.
Según la causa, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida a la productora y el regreso habría sido cobrado posteriormente por unos 3000 dólares. La declaración contradice la versión oficial brindada por el jefe de Gabinete.
El juzgado también ordenó cruces telefónicos y análisis de geolocalización entre Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, para determinar si existieron contactos vinculados a contratos firmados con la TV Pública. Entre los convenios bajo análisis aparecen producciones como “La caja de Pandora”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”.
Además, la Justicia investiga el patrimonio personal del funcionario, especialmente una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La vivienda habría sido adquirida por unos 120.000 dólares y posteriormente remodelada con gastos estimados en 245.000 dólares, parte de ellos presuntamente sin facturación formal. Los investigadores sospechan que los ingresos declarados por Adorni no serían compatibles con el nivel de erogaciones detectadas.
Otro eje de la causa apunta a la posible utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina para custodiar el ingreso al barrio privado donde reside el funcionario. Si se comprobara un uso indebido de recursos estatales para fines personales, podría configurarse el delito de peculado.
La definición ahora quedó en manos de Lijo, quien deberá resolver si avanza formalmente con la citación judicial de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.
