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INGENIERO LUIGGI | El intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, rompió el silencio y habló públicamente sobre la causa judicial que lo tiene como imputado por el presunto delito de omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial. La acusación fue presentada por el fiscal general Armando Agüero y el fiscal adjunto Matías Juan, pertenecientes a la Fiscalía General de General Pico, quienes impulsaron la elevación del caso a juicio oral al considerar que el jefe comunal habría omitido información al asumir el cargo.
Sin embargo, Salvadori fue contundente al rechazar la versión oficial y cuestionó especialmente la calificación jurídica utilizada por el Ministerio Público. "Yo cuestiono sobre todo la palabra 'maliciosa'. Presenté mi declaración jurada hecha por mi contadora. Lo que omití fue una cuenta bancaria que no tenía activos, pasivos ni movimientos desde hacía seis meses. Era una cuenta SAS sin saldo ni actividad", afirmó el intendente en declaraciones publicadas por FM Oasis.
Según explicó, la cuenta en cuestión correspondía a una sociedad que no tenía funcionamiento alguno al momento de confeccionar la declaración, razón por la cual, según su interpretación, no habría considerado necesario consignarla. "No fue una intención de ocultarla. Después la presenté y pudieron comprobar que estaba inactiva", sostuvo, y reconoció sin rodeos que existió una falla en el trámite: "Hubo una omisión porque no declaré esa cuenta, pero fue por cómo interpreté la situación al no tener activos ni pasivos. Fue un error".
El intendente aclaró además que en su declaración jurada sí incluyó sus cuentas personales en el Banco Pampa y el Banco Nación, junto con los demás bienes que integran su patrimonio, lo que a su entender refuerza la tesis de que no hubo voluntad de ocultamiento.
Ante el avance de la causa, el abogado defensor Hernán Salamone ya presentó la respuesta formal a la acusación y solicitó el sobreseimiento de su cliente. Salvadori destacó la particularidad de la situación desde el punto de vista jurídico: "Es bastante inédito porque se trata de una cuenta sin movimientos ni dinero. Lo único omitido fue el número de cuenta". No obstante, la figura penal contemplada en la acusación podría derivar, en caso de condena, en una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, lo que añade una dimensión política de peso al proceso.
Durante la misma entrevista, el jefe comunal también abordó su situación económica personal, marcada por un concurso de acreedores iniciado a raíz de una deuda millonaria contraída en el ámbito privado, con anterioridad a su ingreso a la función pública. Salvadori explicó que el problema se originó casi dos años antes de asumir la intendencia y que estuvo vinculado a cheques rechazados y a la intervención de un prestamista que, según sus palabras, le generó graves perjuicios económicos. "Entramos en concurso porque hubo un prestamista que me afectó muchísimo. Se presentó todo para que los acreedores acrediten las deudas y ordenar la situación", precisó.
La deuda llegó a rondar los 200 millones de pesos, aunque el intendente señaló que parte del monto fue reducido mediante acuerdos de pago y aclaró que no existe ninguna denuncia penal vinculada a los cheques devueltos. "Con los cheques devueltos se llegó a acuerdos de pago", indicó, y subrayó que ese conflicto económico privado es independiente de la causa judicial que hoy lo tiene ante la Justicia por la declaración jurada. "Lo que hoy sigue en pie es esta otra causa por la declaración jurada", concluyó.
La situación de Salvadori instala un debate en torno a los alcances y la interpretación de las obligaciones de transparencia patrimonial que recaen sobre los funcionarios públicos pampeanos, en un contexto en que la Fiscalía sostiene que la omisión tuvo carácter doloso y el propio intendente insiste en que se trató de un simple error de criterio.
