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SANTA ROSA | Di Nápoli recordó que el recurso subterráneo pertenece constitucionalmente a la órbita provincial y que la Secretaría de Recursos Hídricos es su autoridad de aplicación. Sobre esa base, señaló el problema de fondo: la Provincia no cuenta con un relevamiento hidrogeológico integral y actualizado de sus acuíferos. Le pidió directamente a las autoridades provinciales, incluido el Secretario de Recursos Hídricos presente en la sala, que financien y produzcan ese estudio de manera urgente, para poder definir con base científica qué se puede hacer y qué no, dónde y bajo qué condiciones. Subrayó que ese conocimiento debe ser un bien público, disponible para todos.
El intendente fue preciso al marcar los límites de lo que considera una gestión irresponsable del recurso. Afirmó que gestionar el agua no puede ni debe significar no hacer nada, pero tampoco alcanza con dictar resoluciones simples que pretendan transferir a los municipios las responsabilidades sin los recursos económicos necesarios. Eso, dijo, suena más a sacarse la responsabilidad constitucional de encima que a gobernar.
Di Nápoli también apuntó a una consecuencia concreta de esa inacción provincial: proyectos que en Santa Rosa no logran definiciones terminan instalándose en localidades vecinas, sobre el mismo acuífero, sin que la autoridad del agua provincial ponga ningún reparo. Los que pagan ese desorden, sostuvo, son los santarroseños, que pierden inversión, trabajo y actividad comercial.
Frente a ese cuadro, el intendente reivindicó el camino que recorrió la ciudad. El Código Urbano Ambiental se construyó con los bloques políticos, los colegios profesionales y los técnicos, y fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante. Ese mismo Código es el que exige mayoría especial de dos tercios para una decisión como la que hoy se debate y el que estableció la necesidad de esta audiencia pública con intervención provincial. "Santa Rosa hizo su parte. Ahora falta que la Provincia haga la suya", sintetizó.
El cierre de su intervención fue una definición que ordenó todo el debate: el agua de Santa Rosa es una prioridad absoluta, el criterio con el que debe evaluarse cualquier decisión que surja de estas jornadas. Y pidió no resolver con apuro. La decisión que tome el Concejo, advirtió, tendrá consecuencias durante décadas.
