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Desde el espacio político señalaron que la determinación responde a la postura que mantuvieron durante todo el tratamiento legislativo de la iniciativa, al considerar que el contenido de la ley contradice la normativa provincial vigente en materia de hidrocarburos y de protección ambiental.
En ese sentido, sostuvieron que la Ley Provincial de Hidrocarburos N.º 2675 establece que ninguna empresa puede hacerse cargo de una explotación hidrocarburífera sin contar previamente con el correspondiente libre deuda ambiental. Según afirmaron, Pampetrol S.A.P.E.M., empresa a la que se le otorgó la operación transitoria del área, no reuniría ese requisito.
Comunidad Organizada recordó además que Pampetrol fue corresponsable solidaria durante diez años de la explotación de El Medanito junto a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., responsabilidad que, indicaron, también comprende las obligaciones ambientales derivadas de esa actividad.
El bloque también cuestionó que la adjudicación del área se haya realizado de manera directa y sin un proceso de licitación pública. A su entender, esa modalidad constituye otra causal de ilegalidad, agravada por la situación ambiental que, aseguran, aún no ha sido regularizada.
Asimismo, señalaron que el artículo 21 de la Ley Provincial N.º 2675 dispone que toda concesión otorgada en violación de esa normativa es "nula de nulidad insanable". En ese marco, sostuvieron que la propia Ley N.º 3639 releva transitoriamente a Pampetrol de determinadas obligaciones ambientales previstas en la legislación vigente, situación que consideran incompatible con el marco legal provincial.
En el documento presentado ante la Legislatura, el bloque también hizo referencia a los antecedentes expuestos durante la audiencia pública realizada en 25 de Mayo y a distintos informes sobre el estado ambiental del área El Medanito, los cuales —según manifestaron— evidencian la existencia de un importante pasivo ambiental y la necesidad de exigir el cumplimiento de las tareas de remediación por parte de los responsables.
Por estos motivos, Comunidad Organizada ratificó que no participará de la comisión de seguimiento creada por la Ley N.º 3639, al considerar que su constitución se encuentra respaldada por una norma que califican como "nula e ilegal" y que, según sostienen, podría generar perjuicios para la provincia de La Pampa.
