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El acuerdo fue firmado por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y la fiscal adjunta de la FIA, Gabriela Tabernero, quien además se desempeña como órgano garante de la Ley de Acceso a la Información Pública. También participaron del acto el subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el secretario privado de la Fiscalía, Héctor Manuel Tedín.
La iniciativa establece un trabajo articulado entre la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, con el objetivo de facilitar el acceso a antecedentes registrales y a la documentación presentada por las entidades ante el organismo provincial.
Según lo establecido en el convenio, ambas instituciones impulsarán acciones conjuntas de cooperación y complementación para ejercer de manera coordinada sus funciones en materia de fiscalización, control y transparencia. De esta manera, se busca fortalecer los mecanismos de supervisión sobre aquellas personas jurídicas privadas alcanzadas por la Ley Provincial N° 3571.
El acuerdo permitirá que la información presentada voluntariamente por asociaciones, fundaciones y otras entidades ante la FIA pueda ser contrastada con los antecedentes obrantes en los registros provinciales. Este intercambio de datos facilitará la verificación de la documentación y contribuirá a mejorar el cumplimiento de las normas vigentes.
Además de las tareas de control, el convenio contempla acciones de acompañamiento y asesoramiento destinadas a organizaciones civiles sin fines de lucro. El propósito es brindar herramientas para que estas instituciones puedan cumplir adecuadamente con las obligaciones establecidas por la normativa de acceso a la información pública y mantener actualizada la documentación requerida.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio aportará información vinculada a las presentaciones anuales obligatorias y demás requisitos legales exigidos por la legislación vigente. Con esta articulación institucional, se apunta a reforzar la transparencia en la administración de fondos públicos y promover una gestión más eficiente y responsable por parte de las entidades beneficiarias.
