


Abrieron una causa contra "Chiqui" Tapia por su patrimonio durante su gestión en el CEAMSE
INFOtec 4.0






El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió una investigación penal para determinar si Claudio “Chiqui” Tapia incurrió en un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo que actualmente preside.
El funcionario judicial pidió al juez federal Ariel Lijo que ordene las primeras medidas de prueba para analizar la evolución patrimonial del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre ellas, solicitó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Tapia, además de informes a distintos organismos públicos.


La Justicia requirió información a ANSES, ARCA, Banco Central, Caja de Valores, Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. También pidió las declaraciones juradas presentadas por Tapia desde su ingreso al CEAMSE, incluidos los anexos reservados, junto con sus antecedentes laborales y los ingresos percibidos durante ese período.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución patrimonial del dirigente entre 2017 y 2024. Según el análisis aportado, la liquidez de Tapia habría aumentado cerca de un 1.000% durante esos años, sin una relación aparente con los ingresos lícitos declarados. La Justicia deberá contrastar esa información con la documentación que reúna.
Tapia fue designado vicepresidente del CEAMSE en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, y permaneció en el cargo hasta 2024, cuando asumió la presidencia por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Además de conducir el organismo y la AFA, es vicepresidente de la Conmebol. La presidencia de la asociación, según la denuncia, es ejercida ad honorem.
Luego de una disputa de competencia entre la Justicia federal y los tribunales porteños, la Cámara Federal resolvió que la causa tramite en Comodoro Py. Con esa definición, Pollicita formalizó el requerimiento de instrucción y pidió avanzar con las medidas destinadas a determinar si existen inconsistencias entre los bienes declarados y los ingresos acreditados.






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