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BUENOS AIRES | Las iniciativas fueron ingresadas en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento con las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia, del bloque Hechos; del senador Guillermo Montenegro, del PRO; y del abogado bonaerense Alfredo Drocchi.
La medida cautelar dictada por la jueza en la causa "Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo" dispuso la suspensión preventiva de la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esa norma, sancionada en febrero de este año por iniciativa del Gobierno nacional, establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, y había contemplado un período de transición de 180 días para que las distintas jurisdicciones pudieran adaptar sus estructuras penitenciarias de cara a la incorporación de población adolescente.
En la resolución mediante la cual suspendió el Régimen Penal Juvenil, Pascual convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre a las 10, en la que funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para implementar el nuevo régimen. Según pudo saberse, en su fallo la magistrada había fundamentado la decisión en el estado de los dispositivos de privación de la libertad en la provincia, al considerar que las condiciones actuales no permitirían recibir a una mayor cantidad de adolescentes sin afectar sus derechos fundamentales.
Al cumplirse el plazo de transición previsto por la ley y conocerse el fallo de la magistrada, desde el oficialismo nacional y sectores políticos cercanos apuntaron contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
En paralelo, el miércoles pasado la ONG Usina de la Justicia había presentado una denuncia penal contra Pascual por supuesta "usurpación funcional y abuso de autoridad", y solicitó además intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que frenó la aplicación de la normativa. Para la entidad, la determinación de la magistrada es "absolutamente arbitraria y contraria a Derecho" y viola la división de poderes, en la medida en que suspendió una norma aprobada por el Congreso Nacional. Según el planteo de la ONG, la decisión de Pascual se habría basado en "una hipótesis de futuro" al conjeturar sobre un posible incremento de adolescentes detenidos y los consecuentes problemas de alojamiento.
