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Durante su intervención, Fonseca remarcó que la Cámara de Diputados tiene la función de ejercer el control sobre los distintos sistemas del Estado y, particularmente, sobre el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Señaló que la creación de la comisión surgió de un acuerdo legislativo alcanzado en Labor Parlamentaria y que la investigación debe analizar el funcionamiento de los organismos involucrados en el caso.
La legisladora fundamentó la investigación en dos conceptos que consideró centrales: el interés superior del niño y la corresponsabilidad. En ese sentido, sostuvo que la protección de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado, aunque remarcó que para este último se trata de una responsabilidad indelegable.
“Cuando el interés del niño entra en conflicto con otros intereses legítimos prevalece el del niño”, afirmó Fonseca, al referirse a los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.
En esa línea, citó la Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño y destacó que el interés superior no debe ser considerado solamente como una declaración de principios.
“El interés superior no es abstracto, es una estricta regla de procedimiento. Quien decide sobre la vida de un niño, niña o adolescente tiene que demostrar cómo lo tuvo en cuenta”, sostuvo.
La comisión investigadora tendrá a su cargo analizar las presuntas irregularidades vinculadas con la intervención de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en el caso del bebé de Rancul y determinar, dentro de las competencias legislativas, cómo funcionó el sistema de protección en las actuaciones cuestionadas.
