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La resolución fue dictada el 4 de noviembre y mantiene vigente el criterio de la jueza de primera instancia, posteriormente confirmado por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP).
La defensa de Brian Nicolás Muñoz había solicitado que las capacitaciones realizadas durante su detención preventiva fueran reconocidas bajo el régimen de estímulo educativo del artículo 140 de la Ley Nacional 24.660. Este mecanismo permite reducir los plazos para avanzar en el régimen progresivo de cumplimiento de la condena.
El fiscal general Máximo Paulucci y la fiscal sustituta Marisol Rodríguez cuestionaron esa interpretación. Sostuvieron que los cursos realizados antes de que comenzara la ejecución de la pena no podían utilizarse para obtener beneficios posteriores y plantearon que la decisión afectaba el principio de legalidad.
Sin embargo, el STJ consideró que la Fiscalía no logró demostrar que el criterio adoptado por los tribunales anteriores fuera arbitrario o contrario a las normas vigentes. También entendió que los planteos expresaban una discrepancia con la interpretación judicial, pero no configuraban una cuestión federal que justificara la intervención de la Corte Suprema.
Por otra parte, descartó que existiera gravedad institucional y señaló que la resolución cuestionada no reunía las condiciones para habilitar un recurso extraordinario federal.
De esta manera, el máximo tribunal provincial rechazó el planteo fiscal y mantuvo vigente el reconocimiento de las actividades educativas realizadas por Muñoz durante la prisión preventiva.
