INFOTEC 4.0
La respuesta se produce pocos días después de que la Comisión Investigadora creada por unanimidad por la Cámara de Diputados comenzara formalmente su trabajo y solicitara al Ejecutivo los expedientes, actuaciones y documentación vinculados con la intervención de los organismos provinciales en el caso. El objetivo declarado por la comisión es analizar el accionar de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y determinar, sobre la base de documentación y testimonios, si existieron irregularidades administrativas o institucionales. La comisión aclaró expresamente que no busca revisar la decisión judicial ni el proceso de adopción.
Sin embargo, el Gobierno no se limita a informar que remitió documentación. En su presentación sostiene que la Legislatura debe precisar e individualizar las actuaciones administrativas y las piezas concretas que pretende consultar y reclama que se eviten pedidos que considera genéricos o indeterminados. Además, solicita que Diputados se abstenga de requerir documentación o declaraciones que puedan implicar revisar el mérito de decisiones judiciales o interferir con otros poderes. El Ejecutivo sostiene también que cualquier información de carácter judicial deberá ser solicitada directamente al Poder Judicial. En los hechos, la respuesta oficial establece un marco sobre qué información considera que puede entregar y bajo qué condiciones, justamente cuando la comisión legislativa acaba de comenzar una investigación sobre la actuación de organismos que dependen del propio Ejecutivo.
El contexto resulta relevante porque la investigación parlamentaria no surgió de un planteo aislado: fue creada por unanimidad y apunta específicamente a determinar cómo actuaron los organismos provinciales y los funcionarios intervinientes. Además, el caso había generado cuestionamientos públicos sobre el procedimiento utilizado para concretar la entrega del niño, mientras que desde el Gobierno el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, había defendido previamente la actuación de Niñez y sostenido que el procedimiento se realizó conforme a las reglas vigentes.
La respuesta del Ejecutivo deja ahora un nuevo punto de discusión institucional: la Legislatura deberá determinar si la información remitida resulta suficiente para cumplir con el objetivo de la investigación o si debe volver a requerir documentación específica. Mientras tanto, el Gobierno invoca la protección de los derechos del niño y la separación de poderes como fundamentos para limitar el alcance del requerimiento. La comisión, por su parte, ya anticipó que continuará con pedidos de información, citaciones y entrevistas a personas, autoridades y funcionarios que hayan intervenido en el caso.
