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El Ente de Políticas Socializadoras realizó una nueva reunión en el Ministerio de Seguridad y Justicia, con participación de representantes de distintas áreas del Gobierno provincial, del Poder Judicial y de la Cámara de Diputados.
El encuentro fue coordinado por la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal y permitió revisar el funcionamiento actual del organismo, sus recursos, distribución de tareas y la reorganización de los equipos profesionales.
Entre las principales líneas analizadas estuvieron el Programa de Pre-Libertad y Régimen Preparatorio para la Liberación, las propuestas de reinserción sociolaboral y el Taller de Emprendedurismo en contexto de encierro. También se evaluaron dispositivos destinados a personas condenadas por siniestros viales, violencia de género y delitos contra la integridad sexual.
Durante la jornada se presentó además una experiencia piloto de articulación entre ministerios para personas que atraviesan el régimen de libertad asistida y una nueva propuesta destinada a mujeres condenadas por situaciones de maltrato infantil. También se planteó avanzar con un dispositivo específico sobre masculinidades.
El análisis incorporó información cuantitativa y cualitativa de las intervenciones realizadas durante 2026, con especial atención a las necesidades socioeconómicas de las personas supervisadas y a las demandas vinculadas con condenas por delitos contra la integridad sexual.
Otro de los ejes fue la articulación de tratamientos psicológicos y dispositivos psicosocioeducativos dentro de la ejecución penal, buscando diferenciar las situaciones que requieren atención clínica de aquellas que pueden abordarse mediante estrategias socioeducativas y coordinar su intervención con el sistema de Salud.
Finalmente, se abordaron mecanismos de trabajo conjunto con los equipos especializados en revinculación familiar en situaciones donde personas bajo supervisión penal participan también de estos procesos.
