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Dalbón sostuvo que las operaciones deben investigarse por posibles delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, mencionó la posible asociación ilícita y señaló que corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades de cada involucrado.
El letrado afirmó que presentará el pedido ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, y argumentó que, aunque no considera que exista peligro de fuga, habría elementos que indicarían una posible obstrucción a la investigación. También solicitó la prohibición de salir del país, de acceder a determinadas áreas oficiales vinculadas con la documentación del caso y de mantener contacto con funcionarios, auditores o testigos.
La presentación también hace referencia a cifras atribuidas a la Auditoría General de la Nación (AGN). Según lo expuesto por Dalbón, las operaciones con derivados sobre el oro habrían arrojado un resultado negativo de US$ 1.023 millones, compuesto por pérdidas vinculadas con opciones y primas. En paralelo, la tenencia de oro registró una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, de acuerdo con la información contable citada en la denuncia.
El escrito señala, además, que el BCRA concertó operaciones con derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al cierre de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo. La investigación deberá establecer las características de esas operaciones, su impacto económico y si existieron irregularidades en su ejecución.
El caso se suma a una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano el pasado 10 de agosto contra Caputo y Bausili. En esa oportunidad, la legisladora sostuvo que casi $4 billones de fondos públicos habían quedado sin un destino públicamente trazable y reclamó explicaciones sobre el manejo de esos recursos.
Pagano cuestionó las respuestas brindadas por las autoridades del Banco Central y afirmó que la Justicia deberá determinar dónde estuvieron los fondos, quiénes impartieron las órdenes y si hubo responsables por las operaciones investigadas.
Por el momento, los planteos corresponden a denuncias y pedidos formulados por los denunciantes. La eventual existencia de delitos y la responsabilidad de los funcionarios mencionados deberán ser determinadas por la Justicia. (Agencia Noticias Argentinas)
