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NACIONALES | El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa $Libra, que investigaba una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y la promoción de ese token. La decisión, firmada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, coincidió con el criterio de la fiscalía.
El fallo alcanzó a los once imputados: además de los hermanos Milei, fueron sobreseídos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. El tribunal descartó los tres delitos investigados.
Sobre la presunta estafa, el juzgado concluyó que no existió un engaño relevante en el ámbito penal. Indicó que el token operó dentro del mercado especulativo y volátil de las criptomonedas, sin que se garantizaran rendimientos ni se demostrara una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los acusados. Agregó que la caída de la cotización, por sí sola, no configura el delito de estafa.
En cuanto al abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles con la función pública, el tribunal determinó, respecto del Presidente, que la difusión del proyecto desde su cuenta personal de la red social X no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos públicos. Recordó que la Oficina Anticorrupción ya había descartado violaciones a la Ley de Ética Pública y que no se hallaron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que vincularan la función pública con la iniciativa privada.
Respecto del tráfico de influencias, que alcanzaba a Karina Milei, el juzgado señaló que las pruebas y los peritajes sobre dispositivos electrónicos no lograron confirmar pagos de dinero ni dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios extranjeros, como Hayden Davis o Julian Peh. También consideró que las referencias en notas digitales sin firma o las menciones periodísticas no constituyen una prueba objetiva de un intercambio ilícito.
Martínez de Giorgi sostuvo que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de los involucrados. Por último, ordenó que, una vez firme la decisión, se comunique y se archive el expediente.
