La Pampa necesita hasta $8.000 millones extra para pagar jubilaciones y aguinaldos

La reunión se desarrolló el lunes 2 de noviembre en el marco de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Daniel Lovera. La iniciativa obtuvo dictamen favorable por mayoría, mientras que la minoría decidió fijar su posición durante el tratamiento en el recinto. Bisterfeld estuvo acompañado por integrantes de su equipo técnico y detalló los principales fundamentos del pedido de ampliación presupuestaria.

Entre los argumentos económicos, el ministro señaló que el presupuesto original se había elaborado con una inflación estimada del 10,1%, mientras que las proyecciones actuales rondan el 30%. También comparó las previsiones de crecimiento del PBI, que inicialmente se ubicaban en el 5% y ahora se estiman en torno al 2,1%. En cuanto al dólar, recordó que se había calculado una cotización de $1.423 para diciembre de 2026, pero que las estimaciones actuales la ubican, como mínimo, en $1.650. Según explicó, estas diferencias obligan a modificar tanto los recursos como las erogaciones.

Fondos de obra pública para afrontar el aguinaldo

Otro de los puntos centrales del proyecto contempla autorizar al Poder Ejecutivo a utilizar transitoriamente recursos afectados que presentan excedentes, principalmente destinados a obra pública, para afrontar el pago del medio aguinaldo de diciembre.

Bisterfeld explicó que esos fondos serían restituidos a sus cuentas de origen una vez recuperados los ingresos correspondientes. Como antecedente, recordó que el año pasado se aplicó un mecanismo similar: los recursos se utilizaron para pagar el aguinaldo el 23 de diciembre y fueron reintegrados el 7 de enero, movimiento que, según afirmó, fue informado a la Legislatura.

El déficit previsional y la deuda de Nación

El tercer eje de la iniciativa apunta a habilitar al Gobierno provincial a realizar aportes no reintegrables al Instituto de Seguridad Social (ISS), ante el déficit que atraviesa el sistema jubilatorio pampeano.

El ministro sostuvo que el 15% de la coparticipación que se destina mensualmente al organismo ya no alcanza para cubrir sus necesidades financieras. En ese sentido, describió que el sistema previsional se sostiene con cuatro fuentes de financiamiento: ese porcentaje de la coparticipación, los aportes de los trabajadores activos provinciales, los correspondientes a los empleados municipales y las transferencias que debe realizar el Estado nacional.

Sobre este último componente, Bisterfeld fue categórico: "El aporte de Nación es inexistente, no está aportando". Según las proyecciones oficiales, el Instituto de Seguridad Social necesitará entre $7.000 y $8.000 millones adicionales durante este año para afrontar el pago de jubilaciones y el medio aguinaldo, por encima de los recursos que recibe mediante la coparticipación.

Durante el encuentro, la diputada Laura Trapaglia consultó por la deuda que mantiene el Gobierno nacional con La Pampa. El funcionario respondió que la deuda certificada por obras públicas ronda los $110.000 millones, mientras que la correspondiente al déficit previsional asciende aproximadamente a $320.000 millones.

La defensa del equilibrio fiscal y el gasto público

Por su parte, el diputado Enrique Juan consultó qué medidas adoptó el Gobierno provincial para contener el gasto público frente al avance de la inflación y evitar la necesidad de ampliar y reestructurar el presupuesto.

Bisterfeld consideró "inevitable" la modificación presupuestaria debido a que las variables económicas utilizadas para su elaboración no se cumplieron. En relación con la política fiscal provincial, sostuvo que el equilibrio es una política de Estado, aunque aclaró: "No somos fundamentalistas del equilibrio fiscal".

En ese marco, se refirió al desequilibrio de $65.000 millones registrado en la Cuenta de Inversión, que, según explicó, se concentra en las cuentas afectadas y responde principalmente a obras públicas que la Provincia ejecutó y pagó con recursos propios ante la falta de financiamiento nacional.

"Es una decisión política. O se abandonan las obras, no se hacen las viviendas, no se hacen las rutas, o se ejecutan y entra un desequilibrio", argumentó el ministro.

También indicó que durante el primer semestre se aplicaron medidas para contener las erogaciones, entre ellas una desaceleración del ritmo de ejecución de la obra pública. Descartó, en cambio, la posibilidad de recortes salariales y destacó que los incrementos otorgados a los empleados estatales se ubicaron por encima de la inflación.

Finalmente, explicó que una parte importante de los gastos en bienes y servicios corresponde al pago de energía, mientras que otras partidas están comprometidas con la coparticipación municipal y la asistencia al Instituto de Seguridad Social. Según afirmó, la reducción del ritmo de ejecución de algunas partidas permitió aplanar la curva de inversión en obras durante el primer semestre y sostener el equilibrio fiscal en ese período.