Un taxista fue condenado este miércoles a siete años de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, vía anal, vaginal y oral –violación-, mediando violencia y amenazas; como delito continuado y en el marco de las leyes 26485 y 26061 de Protección Integral contra Mujeres y Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, respectivamente. La víctima fue una niña de 15 años.
Judiciales 23 de noviembre de 2022
INFOTEC 4.0
El juez de audiencia santarroseño, Gastón Boulenaz (foto), con las pruebas recolectadas durante el juicio oral, dio por probado que el hecho se produjo el 15 de septiembre de 2020, en época de pandemia, en la vivienda del agresor.
Esa noche, Hugo Orlando González (42 años) circulaba con su taxi por la calle Raúl B. Díaz y fue interceptado por la víctima. Ella le preguntó si la trasladaría hasta una localidad del norte provincial y que allí su madre le pagaría el viaje. El condenado aceptó, pasó por dos estaciones de servicio y "con la excusa de buscar el permiso para poder circular" debido a que era plena época de pandemia, llevó a la niña hasta su casa, detalló el fallo. Y agregó: "Allí la entró por la fuerza sujetándola de los brazos" y abusó de ella. Cuando la dejó ir, el taxista le manifestó que "no le dijera nada a los de Niñez porque si no la mataría".
Boulenaz calificó el testimonio de la niña como "sincero, coherente y espontáneo" e incriminatorio hacia el acusado, quien negó la agresión sexual; añadiendo que esos dichos fueron "suficientemente respaldados" por otras pruebas, como los informes médicos y psicológicos y tres declaraciones testimoniales, incluyendo la de una médica.
"La declaración de la víctima se presentó como genuina y auténtica, según se comprobó a lo largo de su declaración testimonial; donde narró de manera concreta y precisa los ataques sexuales perpetrados por el imputado. Así, el testimonio fue debidamente circunstanciado y permitió recrear el suceso fragmentándolo en tres etapas o momentos relativos a lo ocurrido antes, durante y después al ataque sexual", remarcó el juez.
Boulenaz, además de condenarlo, le mantuvo a González la prohibición de contacto con la víctima hasta la finalización del proceso y ordenó su arresto domiciliario con control electrónico de vigilancia. También resolvió que "hasta que se obtenga la viabilidad técnica deberá permanecer en su domicilio con custodia policial permanente y, de no mediar factibilidad técnica (…) corresponderá hacer efectivo el encierro cautelar conforme a la prisión preventiva dispuesta".
Para ello, y en concordancia con la solicitud de la fiscalía, sostuvo que para imponer esa medida quedó "acreditado el peligro de fuga" ya que "frente a la pena aplicada existe un aumento ostensible del peligro cierto de frustración del proceso, que torna indispensable la aplicación de esta medida de coerción a los fines de garantizar el cumplimiento de la ley".
Con respecto a la sanción aplicable –el fiscal Marcos Sacco había requerido nueve años de prisión y la defensora oficial, Paula Arrigone, su absolución–, el juez consideró como una circunstancia favorable al taxista su falta de antecedentes penales; y como circunstancias agravantes, "el grado de autodeterminación (…), ya que se trata de una persona instruida, adulta, incluida socialmente, con trabajo y experiencia de vida superando ampliamente en edad a la víctima"
El Superior Tribunal de Justicia dio vía libre para que desalojen a un hombre, de la Comunidad Ranquel Epumer, que alquiló un campo y pretendía quedarse con el mismo invocando la Ley 2222, que evita los desalojos de puesteros del oeste pampeano.
La Cámara Nacional de Casación Penal ha emitido un fallo histórico respecto a las responsabilidades de los funcionarios involucrados en el desvió de información del atentado en el edificio de la mutual de la AMIA, reafirmando el sentido de justicia para las víctimas y sus familiares, tras casi treinta años del ataque.
El 7 de marzo la justicia pampeana descartó la comisión de delitos en torno a la muerte del exintendente de Eduardo Castex. Magalí Mansilla, la mujer que fue investigada por ser la última que tuvo contactos con el fallecido, recuperó los elementos secuestrados y nunca estuvo imputada en la causa judicial.
El juez civil de primera instancia, Pedro Campos, ordenó a la obra social provincial Sempre la entrega de una medicación muy costosa a una afiliada que padece una enfermedad degenerativa; aunque previamente exigió que su médico tratante presente un informe sobre su estado de salud actual, para que la parte demandada puede realizar un seguimiento acerca de la mejoría o estabilización a partir del uso de la droga.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, les recibió ayer juramento en General Acha a Héctor David López, Lucas Gabriel González y Guadalupe Martín Dasso, quienes asumieron como fiscal y fiscal adjunto en el Ministerio Público y secretaria del Juzgado de Familia, Niñas y Niños Adolescentes, respectivamente.
En la mañana de hoy el fiscal Enzo Rangone recibió a Laura Tello, rectora del Instituto de Formación Docente de Victorica para coordinar y planificar charlas en el transcurso del año académico 2024.
Dos hombres que serían hermanos le propinaron una golpiza a otro joven que se moviliza en silla de ruedas. Según versiones extraoficiales de testigos que observaron la reyerta indicaron que la misma se dio, según las afirmaciones de los atacantes, a raíz de que el joven previamente habría agredido físicamente a la madre de ambos, provocando que la mujer debiera ser llevada a un centro de salud local.
El siniestro ocurrió en ruta provincial 7 entre las localidades de Metileo y Villa Mirasol. Los vehículos involucrados son un furgón Ducato y un tractor. Los dos vehículos circulaban en la misma dirección. Trabajó personal policial y también bomberos voluntarios.
Tras hackear esta mañana en teléfono de una empresa realiquense, los delincuentes se hicieron de los contactos y rápidamente inundaron los teléfonos allí agendados a la pesca de algún desprevenido que transfiriera dinero a cambio de la promesa de entregarles 800 dólares.
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El padre de la chica denunció el hecho Tanto el abuelo como la madre fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras una investigación del Ministerio Público Fiscal porteño. Se espera que la víctima declare en cámara Gesell
Desde la Dirección de Prevención y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Realicó, se informó que personal técnico comenzó a realizar el mantenimiento de las cámaras de seguridad que hay instaladas en esa localidad.
