Los allanamientos fueron solicitados por la Fiscalía de Delitos Económicos y contra la Administración Pública en el marco de una causa por estafas telefónicas -por un monto que asciende a los 1.100.000 de pesos- que involucra a unas 18 personas de Santa Rosa, General Pico y General Acha.

Según confirmó el fiscal Guillermo Sancho a LA ARENA, los resultados de estos procedimientos fueron positivos ya que se logró recuperar más de medio millón de pesos, además de secuestrar otros elementos de importancia para la investigación. También se concretó la detención de dos personas.

"Parte de los procedimientos se realizaron en Río Tercero, en esa localidad se detuvieron a dos personas, se secuestraron aproximadamente 500 mil pesos en efectivo y algunos vehículos. Estas personas eran los que conseguían las cuentas bancarias para mover el dinero y los que lo retiraban en los cajeros. Ese dinero, aparentemente, lo invertían en la compra de vehículos", precisó el fiscal Sancho.

Y agregó: "A su vez, en algunas cuentas que se lograron congelar tienen dinero, por lo que seguramente el monto de lo recuperado va a ser más del medio millón de pesos. Allí quedaron inmovilizados diferentes sumas".

La causa.

Sancho remarcó que esta causa tiene como "común denominador" que "todos fueron contactados por el grupo de Facebook ‘Compra-Venta La Pampa’. A todos los llamaron para, supuestamente, comprar algo que se había publicado ahí". Este es una nueva variante del "cuento del tío" que está ganando cada vez más terreno a partir de la falta de regulación de estos espacios virtuales.

"Una vez que los contactaban, pasaba lo que pasó siempre: los mandaban a los cajeros y los manipulaban para que les entreguen los datos bancarios sensibles como las claves del Homebanking y el Token. Y ahí le transferían el dinero que tenían, además de pedir un crédito personal", explicó el fiscal sobre cómo era el procedimiento de los delincuentes que dejó como saldo 18 personas estafadas por más de un millón de pesos.

"La investigación la iniciamos hace unos meses atrás a partir de información que pedimos a las diferentes compañías telefónicas. Ahí pudimos determinar que si bien, la característica del número era de Santa Rosa, impactaba en las antenas de otro lugar. Por esto, pudimos corroborar en qué lugar se estaban haciendo los llamados", señaló el funcionario judicial, quien destacó la "paciencia" que se tiene en este tipo de causas.

"Los involucrados descartaban constantemente los chips, se pudieron intervenir algunos teléfonos y, a partir de allí, se ordenaron allanamientos en la provincia de Córdoba, además de ordenarse la detención de algunas personas", completó el fiscal.