La medida fue aprobada por una Acordada del superior Tribunal de Justicia, a partir de una solicitud de los ministerios de Seguridad y de Gobierno, Justicia y DDHH, del Gobierno provincial.
El pedido está directamente vinculado a las medidas preventivas que se deben tomar frente al virus COVID-19. Antes de ingresar a los lugares definidos para su detención, las personas deberán estar aisladas por 14 días, para garantizar que lo hagan en condiciones sanitarias convenientes y preservar al resto de los internos de las unidades policiales o de detención prolongada.
La solicitud presentada con la firma del ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, destaca que el pedido se fundamenta “a los efectos de prevenir posibles contagios de coronavirus tanto entre personas detenidas a partir del día de la fecha como así también entre estas y quienes se hallan detenidas previamente, evitando el ingreso del virus a los establecimientos de detención”.
También aclara que tanto su cartera, como la de Salud, se harán cargo del mantenimiento y las medidas que hubiera que tomar mientras dure el acuerdo.
El ministro Bensusán manifestó hoy que se solicitaron esas instalaciones para que “aquellas personas a las que se les dicte una prisión preventiva o aquellos condenados que deban hacer efectiva su privación de la libertad, puedan hacer allí su detención previa al ingreso a otras dependencias”.
Entre las celdas de las alcaidías judiciales de Santa Rosa y General Pico suman alrededor de una treintena, “para nosotros es importante ese número, a los fines preventivos sanitarios”.
Bensusán confirmó que, junto a di Nápoli y al presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, se reunieron con el viceministro de Justicia, Martin Mena, para realizar trámites tendientes a posibilitar la ampliación de cupos en el Servicio Penitenciario Federal. Ante las dificultades inmediatas para concretar el pedido pampeano, “nos mandaron más tobilleras, para utilizar esa herramienta electrónica en los casos que se pueda dictar el arresto domiciliario. Tenemos que utilizar todas las herramientas e insumos”.
La respuesta del STJ, rubricada por el presidente del cuerpo, José Sappa, informó que mediante el Acuerdo 3717 se resolvió dar respuesta favorable a lo solicitado por el Gobierno provincial, para las alcaidías de los centros judiciales de Santa Rosa y General Pico, detallando que las celdas se encuentran “en lugares apartados, lo cual posibilita que, con la adopción de las medidas adecuadas, la circulación de los detenidos pueda realizarse sin comprometer la seguridad sanitaria de los establecimientos”.