Un fiscal de la provincia de Buenos Aires promovió una querella criminal contra el ex presidente Mauricio Macri por los presuntos delitos de «violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia», a raíz de una publicación en la red social Twitter en la que exhortó a los intendentes bonaerense a asumir su "liderazgo" y resistir el DNU que suspendió por dos semanas las clases presenciales ante el crecimiento exponencial de los contagios de Covid-19.

El fiscal Javier Ignacio Baños, a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia número uno del Departamento Judicial de Morón, consideró que Macri «habría cometido conductas que presumiblemente encuadran en las figuras de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia», puesto que virtualmente llamó a desobedecer el DNU firmado por Alberto Fernández para suspender la presencialidad durante dos semanas y reemplazarlas por clases mediante videoconferencias por la plataforma Zoom.

"Solicito que se investigue la posible comisión de los injustos que se produzcan como consecuencia de los irresponsables acatos realizados por el ex presidente de la Nación, en cualquiera de sus formas de participación criminal (coautoría, complicidad, instigación) o como encubrimiento de los hechos que aquí se detallan", subrayó el fiscal, mediante un escrito presentado ante la fiscal general interina Karina Iuzzolino.

La denuncia consigna que Macri difundió a través de su cuenta en Twitter en la víspera un mensaje en el que decía: “Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”.

"Así, sucintamente, el ex Presidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires", resumió el fiscal denunciante.

"El derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, en particular, como en el caso, cuando los dichos emanan de un anterior primer mandatario y los mismos conllevan una gravedad institucional tal que invita al caos en el gobierno provincial", añadió.

Las figuras delictivas que se le imputan a Macri contemplan penas que llegan hasta los seis años de cárcel.