Pidieron que Alperovich vaya a juicio oral y público por abuso sexual
Los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta, esta última de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), pidieron que el ex gobernador de Tucumán José Alperovich vaya a juicio oral y público por el presunto abuso sexual de su sobrina.
Son al menos nueve hechos, de los cuales dos son en grado de tentativa por abuso sexual y seis de violencia sexual agravada por haber sido cometidos con acceso carnal. La denuncia es de 2018 y desde entonces hubo planteos de la defensa de Alperovich para llevar la causa a la Justicia de Tucumán. Por ello, la Corte Suprema de Justicia determinó la competencia para que el caso siga en manos del juez Osvaldo Rappa de la Capital Federal.
“En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abusó de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, indicaron en el requerimiento de juicio que ahora será resuelto por el juez Rappa. De ir a juicio, recaerá la causa en un Tribunal Oral y Público de Capital Federal donde, a futuro, llevará a cabo el debate.
“Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”, acusó la fiscalía.
Al respecto refirieron a la perspectiva de género, e indicaron que la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, define a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.
La sobrina de Alperovich trabajaba para el ex gobernador y en ese momento senador nacional, y denunció los hechos que venían ocurriendo al menos desde diciembre de 2017.
Vismara y Labozzetta explicaron lo que significaba, para este caso en concreto, el estado de cautividad que padecía la víctima y que tenía la particularidad de estar condicionado por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física.
“Los métodos para obtener el control de la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión. Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del yo de la víctima en relación con los demás”, concluyeron.