En relación a la aprobación de la firma del acuerdo realizado entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y la ANSV, donde se establece como objetivo la seguridad vial y la reducción de su siniestralidad, Fonseca expresó “A dos años y medio de esta gestión La Pampa se encuentra, acorde a la población, entre las provincias de más alta siniestralidad vial  de la Argentina, con víctimas fatales en permanente aumento”. 

En su alocución agregó  “A pesar de los discursos del Gobernador, la realidad muestra un total fracaso. En  la gestión de Juan Carlos Tierno como Ministro de Seguridad a partir del año 2015, además de lo estadístico, consta que por primera vez en años, se produjo la disposición de camas en las guardias y terapias intensivas de los hospitales principales de Santa Rosa y General Pico. Esta baja en la siniestralidad, se logró con gestión, con acciones en la territorialidad, que es donde están las realidades sociales”. 

“En esta oportunidad acompañamos este proyecto, pero no sin antes mencionar que el hecho de convocar a un organismo nacional (ANSV) para que haga lo que en La Pampa se ha dejado de hacer, es casi una admisión de renunciamientos y obligaciones que debería haber tenido el gobierno provincial, el que se propagandiza habitualmente como gobierno en acción” dijo la legisladora.

Además expresó “Se encuentra en tratamiento  la aprobación del nombramiento de María Soledad Trimboli como Defensora penal titular de la 2° circunscripción Judicial y en tratamiento en comisión de su acuerdo, le consulté sobre el Registro de condenados por delitos sexuales y su aplicación cuando mi preocupación es que sucede cuando culmina la condena y esta persona vuelve a reinsertarse en la sociedad, cual es la medida protectiva para la comunidad, que reconocido por Trimboli también, vuelven en su mayoría a reincidir. La misma manifestó que la creación del registro de condenados por delitos sexuales seria estigmatizante. Dos señales de grave alarma, primero parecería que no conoce que el registro está vigente y segundo desnaturalizando prácticamente su aplicación bajo la calificación de estigmatizante. Es decir, es muy posible que si esta persona accede al cargo vaya tomando o aplicando las normas vigentes con prioridad en su criterio u opinión”.  

En el mismo sentido Comunidad Organizada no acompañó los acuerdos para Nydia Conde y María Soledad Forte, designadas por el Poder Ejecutivo para cubrir los cargos de Defensorías Penales, considerando que  en sus entrevistas personales, manifestaron haber ejercido funciones judiciales a través del procedimiento inconstitucional de sustitutos. 

Finalmente argumentó “Quienes aceptaron incumplir la constitución para acceder a un cargo en el Poder Judicial, después no puede venir a decir, aun jurando por la constitución, que ahora la van a respetar. Esto es lo que venimos sosteniendo desde Comunidad Organizada” concluyó.