Dirigentes de Juntos por el Cambio denunciaron por “traición a la patria” y otros delitos a Cristina Fernández de Kirchner; al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al  ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, por las movilizaciones en apoyo a la vicepresidenta y por la supuesta existencia de un “plan de impunidad” a su favor.

“La consigna ‘Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar’ remite claramente a la idea de disturbios contra el orden institucional a partir del desconocimiento de las decisiones judiciales”, advirtieron Patricia Bullrich, Gerardo Milman, Héctor Baldassi, Alejandro Finocchiaro, Cristian Ritondo, Graciela Ocaña y María Luján Rey, entre otros.

La denuncia afirma que “existe en la actualidad un plan coordinado para desbaratar las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales y avanzar hacia la impunidad de Fernández de Kirchner, sus hijos y algunos de sus ex colaboradores”.

“El plan comenzó con una campaña de desprestigio de las investigaciones a partir de considerárselas parte de un sistema de’“lawfare’, conforme el cual presuntamente tales personas fueron involucradas en procesos penales como un modo de persecución política a través del sistema judicial, no obstante las confesiones brindadas en sede judicial por numerosos arrepentidos”, sostiene el desprolijo texto de la denuncia.

“Una vez producido el cambio de gobierno se materializó con la designación de personas vinculadas a las imputadas en tales casos en cargos públicos claves para entorpecer, inhibir o desbaratar las investigaciones penales y las decisiones judiciales”.

Los dirigentes opositores denunciaron que Cristina Kirchner “utilizando las dependencias asignadas por y para el ejercicio de su cargo en el Senado de la Nación, además de las estructuras y personal de esa institución, lanzó una versión falsa del proceso (la Causa Obra Pública) a modo de proclama política”.

En ese contexto, identificaron los presuntos delitos de “incitación a la violencia colectiva, asonada, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, encubrimiento, perturbaciones al ejercicio de la función pública, coacción agravada e instigación a cometer delito”.

Además, el texto asegura que “el artículo 36 de la Constitución Nacional atribuye la calidad de traidores a la patria a quienes cometan graves hechos de corrupción que conlleven enriquecimiento”.

Sin embargo, tal artículo establece que la Constitución regirá “aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”  y sólo determina que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”, pero no equipara esos hechos con la “traición a la patria”.

Esa figura está contemplada en el artículo 119 de la Carta Magna: “La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro”.

El artículo 214 del Código Penal fija penas de diez años de cárcel y prisión perpetua para “todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro”.

La causa recayó en el juzgado federal número seis, subrogado actualmente por Daniel Rafecas.