"Mientras algunos intendentes analizan su futuro político para las próximas elecciones, como los peronistas que se reunieron dos veces en Winifreda y otra con el gobernador para poder tener incidencia en la definición
del próximo candidato del partido para la gobernación, otros (los radicales) se plantean si el centenario partido debería ir junto al PRO para ser gobierno por primera vez en la provincia. No hay que olvidarse que también deben gobernar su localidad y hay algunos incluso que ya tienen definido si irán o no por otro mandato. Sin embargo, hay 10 jefes comunales que tienen (o deben tener) una preocupación mayor: la investigación del Tribunal de Cuentas de la provincia por el uso de facturas truchas por parte de varias comisiones de fomento tuvo novedades en los últimos días.
Ahora los fiscales generales de las 4 circunscripciones judiciales recibieron legajos para que avancen en la investigación. Según pudo saber dosbases, hubo algunos planteos de competencia para algunos legajos mientras que otros llegaron recientemente a la fiscalía y ya están siendo analizados. Ya hay tres jefes comunales formalizados y se espera saber que pasa con el resto.

Emulando a los sabuesos de la DGI que en los ´90 perseguían a los evasores, el equipo de trabajo del TdC que encabeza María Alejandra “Marita” Mac Allister detectó irregularidades en 10 comisiones de fomento pampeanas por la friolera de más de 18 millones de pesos.
En diálogo con dosbases, “Marita” Mac Allister explicó “una de las funciones del TdC es el juicio de cuentas, que es el control posterior al realizamiento de gastos. Aquí se controlan las 18 comisiones de fomento que tiene la provincia, no las municipalidades, y se cobran cargos o multas por inconsistencias”. Y agregó que los representantes de las comisiones de fomento “contestan o presentan la documentación por algún problema. Si no lo hacen deben pagar la multa o sino se lo envía al Fiscal de Estado para que ejecute”.
Pero en los controles de varias localidades encontraron que “hubo inconsistencias que llamaron la atención. Pedimos explicaciones porque había un gran desorden administrativo y financiero pero llamaba la atención la situación de los proveedores”.

¿Cómo era, en su mayoría, la maniobra? Entregaban facturas falsas para justificar supuestos gastos de la gestión. “Salimos a la calle y fuimos chequeando a esos proveedores. La gran mayoría de los proveedores desconocieron haber prestado servicios porque usaron fotocopias de las facturas originales.
En otros casos el nombre del proveedor se asociaba a un CUIT o actividades que no le correspondían. Incluso se modificaban los montos”, explicó la presidenta del TdC.

En total se investigaron, en dos tandas, 10 comisiones de fomento en  los períodos 2016 y 2017.  Allí se detectaron irregularidades millonarias. Algunos de los montos son escandalosos: en Loventuel se reclama por más de 7 millones de pesos, en Unanue casi 5 y Rucanelo, más de 3.500.000 pesos. Para más precisiones, los montos exactos son: Rucanelo: $ 3.558.893,6; Loventuel: $ 7.020.393,69; La Reforma: $ 660.475; Perú: $633.700; Unanue: $4.959.284,29; Limay Mahuida: $ 237.615; Chacharramendi: $ 783.094,13; Van Praet: $ 580.065; Colonia Santa María: $ 16.745 y Relmo: $ 16.500.
Con los datos de la investigación, el TdC elevó la denuncia al Fiscal de Estado para que se realice la investigación penal
“Todo lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Acá hay que darles respuestas a la sociedad, son bienes y dinero de cada pueblo. no basta con que devuelva el dinero sino que diga porque utilizó esa maniobra. Hasta en las rendiciones de cuentas seguían presentado facturas truchas”, sostuvo Mac Allister.

Fiscalías
La semana pasada, el Tribunal de cuentas recibió la notificación sobre las novedades en este caso. “Las causas han sido separadas, hay algunas en Santa Rosa, otras en General Pico, en Victorica y en General Acha”, detalló Marita. Y concluyó “ahora enviamos una nota al fiscal Sancho donde preguntamos cual es la figura legal bajo la cual se ha formalizado a los responsables”.
De acuerdo a lo que pudo averiguar dosbases, se ha formado un legajo de cada una de las comisiones de fomento y se han distribuido en las 4 circunscripciones judiciales. El fiscal general de General Pico, Armando Agüero, tiene a su cargo la investigación de Adolfo Van Praet y Relmo; a la fiscala de Victorica, Alejandra de Moyano, le tocó analizar el caso de Rucanelo, uno de los más importantes; otros tres legajos fueron hacia General Acha, la tercera circunscripción, y los restantes quedaron en Santa Rosa.
Algunos de los fiscales están comenzando hoy a analizar los casos mientras que se han producido algunos reclamos por que fiscal debería investigar cada legajo pero que ya fueron solucionados. Por ejemplo, La Reforma le había tocado al Fiscal Sancho de Santa Rosa quien planteó que ese legajo debía ser llevado adelante por el fiscal Jorge Amado de General Acha, quien a su vez no aceptó ese pedido. Finalmente, el procurador General resolvió que es Amado quien deberá seguir ese legajo.
Por esta causa ya hay tres formalizados: el presidente de la comisión de Unanue, Manuel Costoya, el de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, y el jefe comunal de Perú, Roberto Oscar Kronemberger.
En todos los casos también están imputados los secretarios y secretarias. Están acusados del delito de peculado y uso de instrumento privado falso. Según la hipótesis acusatoria, habrían incurrido en el delito de peculado o malversación de fondos públicos. En síntesis, la figura penal alude a la apropiación indebida de los bienes o dinero perteneciente al Estado por parte del funcionario público encargado de su control o custodia.