Denuncian y piden suspender a Díaz Lacava en el Consejo de la Magistratura

El secretario general del gremio de judiciales (UEJN), Julio Piumato, denunció al juez Pablo Díaz Lacava ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y solicitó se lo suspenda provisoriamente por la grave denuncia en su contra, por maltrato laboral y violencia de género que presentaron los secretarios y empleados del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.

Julio Piumato se presentó al Consejo de la Magistratura y solicitó la suspensión provisoria del juez federal Díaz Lacava, junto a Roció Herrera, secretaria de protección individual de la Comisión Directiva Nacional de la UEJN, y Patricia Rampani, secretaria regional 3 de la UEJN.

La Unión de Empleados amplió la denuncia original contra Díaz Lacava y entendió que los hechos comprobados en el expediente resultan suficientes para suspender al juez mientras dure el procedimiento administrativo ante el Consejo de la Magistratura, que tramita en paralelo con la causa penal que llevan adelante la Fiscal Federal Iara Silvestre y el Juez Federal Juan José Baric, quienes dispusieron provisoriamente una medida cautelar de restricción de acercamiento para Díaz Lacava con el personal del Tribunal, lo que fue confirmado por la Cámara Federal de Bahía Blanca el pasado 18 de mayo.

Ahora el Consejo deberá resolver el pedido de la UEJN y avanzar con el procedimiento que podría culminar con la destitución del juez.

El juez fue denunciado el pasado 19 de abril por los tres secretarios del TOF, Javier Sequeira, Ignacio Rodríguez Bedier y Alina Trento. Posteriormente, una de las testigos que declaró en las causas también se sumó como la cuarta querellante. 

Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ratificó la medida cautelar, pedida por los representantes del Ministerio Público Fiscal y avalada por el Juzgado Federal de Santa Rosa, que impedía el acercamiento a las víctimas y al lugar de trabajo. 

La denuncia contra Díaz Lacava es por los presuntos delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad y lesiones, entre otros, de parte del magistrado contra los trabajadores judiciales.

En medio de la investigación, el juez se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar la continuidad de  contratos y pidió específicamente que la jefa de despacho relatora fuera apartada de su lugar. Incluso postuló como reemplazante a una abogada que ya había sido echada de la justicia federal.