NACIONALES | Martin Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, dispuso este miércoles la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), presidido por la precandidata presidencial Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JxC), por irregularidades contables y otros cargos.

Según se precisó en un comunicado, mediante la Resolución 742/2023, se “busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”, informó la agencia oficial Telam.

En ese contexto, Soria dispuso la intervención de la asociación civil con sede social en la ciudad de Buenos Aires en los términos del artículo 10, inciso J, de la Ley 22.315. La medida generó un duro cruce entre Soria y Bullrich a través de la red social Twitter.

“Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía”, acusó la precandidata presidencial y agregó: “Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo”.

Rápidamente, Soria le contestó por el mismo medio: “La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabés ni las competencias de cada ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata!!”.

La intervención, solicitada por el Inspector General de Justicia Ricardo Nissen, se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, donde se determinó que desde el instituto presidido por Bullrich supuestamente “se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar”.

Las actuaciones sumariales realizadas sostienen que -bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro como es el IEES- “se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata”, indicaron oficialmente.

Además dicen que se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un “crecimiento exponencial” de los ingresos y egresos del instituto, “pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos”.

En esa línea, se explicó que el incremento de los ingresos es “coincidente con actividades políticas personales desplegadas por Patricia Bullrich y pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido Unión por la Libertad”.

El sumario, instruido por la IGJ incluyó “visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad, compulsa de información de acceso público, entre otras medidas, y fue iniciado de oficio luego de que los diarios Perfil, El Cronista y Página/12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich y pagos a Gerardo Milman vinculados al IEES”.

La intervención por 180 días hábiles dispuesta el día de la fecha se concreta después que la resolución recaída en la causa “Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias” (CIV 24775/2023), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28, adquirió firmeza.

Por último, la IGJ determinó que la “utilización estructural y financiera” del IEES para la campaña política nacional de Bullrich “no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles”, sino que también podría “implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos”.

“La Ley 22.315 establece en su artículo 10 inciso J, que la IGJ podrá solicitar al Ministro de Justicia de la Nación la intervención de asociaciones civiles o fundaciones cuando se verifiquen actos graves que importen violación de la ley, si existen irregularidades no subsanables o no pueden cumplir su objeto, o cuando la medida resulta necesaria en resguardo del interés público, entre otros”, recordaron.

Cabe destacar que la IGJ es el organismo encargado de verificar la legalidad de los objetos sociales de las asociaciones civiles, autorizar su funcionamiento y realizar el control permanente de dichas entidades para evitar la indebida utilización de la persona jurídica registrada.

El ministro Soria explicó en declaraciones al menos sorprendentes para un funcionario, a Radio 10 que se demostraron “un cúmulo de irregularidades tremendas” en el funcionamiento de la organización civil y criticó a los dirigentes del PRO al asegurar que se trata de una “muestra más de la impunidad”.

“Arman sociedades de mentirita para encubrir sus objetivos políticos, evadiendo impuestos para financiar sus campañas proselitistas y utilizan estas fachadas para perseguir opositores”, lanzó el titular de la cartera de Justicia.

El pasado 10 de abril, la IGJ había resuelto la intervención judicial de la asociación civil y el desplazamiento de los integrantes de su comisión directiva, tras investigar los movimientos dinerarios y actividades de sus directivos en 2022. En respuesta, la abogada Silvina Martínez denunció al titular de la IGJ por abuso de autoridad y persecución contra organizaciones afines a la coalición, al señalar que se utilizó “el poder del Estado” para perseguir “a entidades civiles que presiden dirigentes opositores”.

Posteriormente, en mayo, el fiscal Carlos Stornelli ordenó el allanamiento a la sede del IGJ, mientras que su titular, aseguró: “El allanamiento es una cosa que no se vio nunca. Es un amedrentamiento inaceptable para un organismo del Estado especializado en estas cosas, es un mensaje mafioso, una intimidación berreta”.