Ley de transporte: Fonseca aseguró que hay intereses de petroleras detrás de la iniciativa política de Ziliotto
Fonseca expresó: “La Provincia de La Pampa a través de la ley 1713 está adherida al Sistema Nacional de Seguridad Vial, ley 24.449, por lo tanto no es una opción, sino una obligación cumplir con la legislación vigente. No puede cada provincia generar nuevas categorías para poder circular en la vía publica pues hay unificación normativa y aplicación descentralizada”.
Y continuó “Lo que realmente me preocupa son las consecuencias en materia de responsabilidades civiles y penales, por cuanto también la ley de seguros 17418, esta enmarcada en la Ley Nacional de Transito 24449 para responder ante daños y perjuicios ocasionados”.
La Diputada interrogó, con esta ley provincial ¿No se estaría generando también una competencia desleal frente a las empresas del servicio de transporte de personas, al habilitar vehículos de transporte masivo salteando normativa y controles nacionales? Que además tiene fines recaudatorios”.
“Desde Comunidad Organizada venimos denunciando la falta de transparencia en las empresas del Estado provincial, precisamente en como a través de un grupo económico denominado Kalpa Group la provincia le provee directamente toda la producción hidrocarburifera a la empresa Refipampa S.A instalada en la localidad de 25 de mayo”, recordó.
En tal sentido reflexionó “Es por eso que estos avances entre empresas y grupos políticos, utilizando las instituciones del Estado no deben de pasar desapercibidas, porque de hacerlo, no solo sería incumplir con nuestra representación popular sino fomentar la corrupción y el desmanejo de los fondos públicos provinciales”.
Finalmente Fonseca aseguró “Esta ley traería aparejado no solo conflictos empresariales sino también gremiales, en cuanto estaría intentando desconocer el Sistema Nacional de Seguridad Vial, saltear regímenes laborales y de afiliación gremial, por ser actividades exclusivas de convenios colectivos de trabajo”.
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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.