La Ley Lucio traspasa fronteras y podría implementarse en América Latina

La Ley Lucio, sancionada en nombre del nene santarroseño asesinado por su madre y la novia de ella, podría implementarse en América Latina. Se trata de un plan federal que capacita a los empleados estatales en materia de derechos infantiles, y promete no pasar desapercibido ante la mirada del mundo. 

El pequeño de 5 años fue asesinado en Santa Rosa a manos de su progenitora, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Fueron meses de maltrato, un sistema entero que ignoró todo, una sentencia firme, un proyecto sancionado y una víctima que llegó a ocupar noticieros internacionales. A más de dos años del homicidio, continúa sentando precedentes. 

En América Latina

El próximo 18 de marzo, la familia Dupuy viajará desde General Pico a Chile para presentar oficialmente el llamado Plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes (Ley 27.709), que rige en territorio albiceleste hace casi un año. Lo hará de la mano de varios legisladores que están interesados en implementarlo allí: la senadora Ximena Rincón (Movimiento Demócratas), el senador Francisco Chahuán (Renovación Nacional) y el diputado Felipe Donoso (Unión Demócrata Independiente). 

"También vamos a recorrer Paraguay, Uruguay y Brasil, ver cómo funciona el sistema de niñez allí, y hay una invitación especial a El Salvador. Pero el primer paso es Chile, donde están debatiendo si entra a Comisiones o no", explicó Ramón Dupuy. Estarán acompañados por Martín Maquieyra, diputado del PRO por La Pampa y precursor del proyecto.

Primera sede del país

Pero los logros también se siguen conquistando dentro de Argentina. Las provincias siguen incorporando esta norma a sus legislaciones, y las únicas que faltan son la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz.

El abuelo de la víctima anticipó en declaraciones al diario mendocino MDzol que la Asociación Lucio Dupuy, encargada de complementar y controlar el cumplimiento de la Ley, tendrá su primera sede en el país: estará en San Miguel de Tucumán. A futuro planean levantar uno en cada jurisdicción que haya adherido al plan.

El pasado viernes 23, la Legislatura de Tucumán fue el sitio donde desarrolló la segunda jornada de Interés superior del niño y perspectiva de infancia en los tres poderes del Estado. La familia del nene asesinado expuso, junto al diputado Maquieyra, el trabajo que vienen realizando tras la sanción de la Ley, y los beneficios que su implementación tiene en los menores de edad.

La noche previa, Ramón tuvo una cena con el mandatario provincial, Osvaldo Jaldo, para seguir sumando detalles acerca de este gran avance. "Vamos a firmar un convenio con el Consejo Deliberante, que nos donaron un mural. Luego nos tenemos que reunir nuevamente con el gobernador, vicegobernador y la intendencia para ver más en detalle el edificio que nos entregaron", explicó. La Asociación ya está en funcionamiento allí, tiene personería jurídica y los fiscales locales están a plena disposición de sus miembros.

"En abril, luego de viajar a Chile, iremos con miembros del Ministerio de Capital Humano a visitar todas las provincias para ver los centros de desarrollo infantil. Después vamos a Brasil, Paraguay y Uruguay. Están interesados en presentar esta legislación", añadió el abuelo pampeano.

Recordado en Alemania

Cuando aún avanzaba el juicio, que posteriormente condenó a perpetua a ambas acusadas, Alemania ya estaba pidiendo justicia por el nene. La ciudad de Leipzig, al este del país y dentro del estado de Sajonia, concentró en varias ocasiones a distintas personas que hicieron colectas infantiles por Lucio e incluso levantaron carteles durante algunos partidos de fútbol.

El 20 de noviembre de 2022, una semana antes de que se cumpla el primer año del asesinato, se hizo un homenaje en el puente Sachsenbrücke, que cruza el río Elba. Los convocados tocaron música y colocaron una mesa llena de globos, velas e imágenes del niño. Al tomar conocimiento del caso, muchos donaron juguetes y peluches, los cuales fueron dados a niños alemanes que habían llegado como refugiados de la guerra de Ucrania y Rusia.

De qué trata la Ley Lucio

Este plan federal está destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado nacional, que forman parte del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, que tengan convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la norma.

Se trata de la Ley 27709, la cual plantea una capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los menores de edad que viven en el país. Sancionada a mediados del 2023, exige:

- Velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22, y por las disposiciones de la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

- Generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como "buen trato", fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones;

- Promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la ley 26.061 como en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. En este marco se deberá propiciar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos;

- Propiciar la perspectiva de género y diversidades, conforme a los marcos normativos vigentes;

- Recomendar la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de las autoridades administrativas o judiciales de protección de derechos que intervenga cuando se solicite de manera fundada, procurándose la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad.