Insfrán cambia la Constitución de Formosa y busca evitar una condena de la Corte Suprema
La Legislatura, con abrumadora mayoría oficialista, aprobó este jueves por la noche un proyecto de ley para reformar la Constitución provincial. Es una iniciativa del gobernador Gildo Insfrán para esquivar un eventual pronunciamiento de la Corte Suprema sobre las reelecciones indefinidas.
La Cámara de Diputados de Formosa sancionó ayer jueves por la tarde un proyecto del Poder Ejecutivo que impulsa la reforma de la Constitución provincial. La legislatura unicameral de 30 miembros está controlada por el oficialismo justicialista, que tiene dos tercios de las bancas.
De allí que el resultado haya sido abrumador: 20 votos favorables y 10 negativos, correspondientes a las bancas que la oposición se reparte entre el Frente Amplio Formoseño - FAF, Libertad, Trabajo y Progreso, el radicalismo, el PRO y Nuevo País.
El texto sancionado tomó estado parlamentario hace dos días. Declara la necesidad de reforma total de la Constitución sancionada en 2003. Se prevé que la Convención que deberá reunirse para tal fin establezca “nuevas regulaciones sobre los derechos políticos a elegir y ser elegidos”.
Con la reforma y este punto en particular, el Gobierno de Insfrán se anticipa a un eventual fallo desfavorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la reelección indefinida del Gobernador. El máximo tribunal tiene en estudio cuatro causas sobre esta cuestión.
El eje de todas es que este mecanismo afecta la división de poderes y el sistema republicano que debe regir la vida institucional de las provincias argentinas. En la que presentó el senador nacional libertario Francisco Paoltroni, la Corte impuso al Gobierno de Insfrán un plazo de 60 días para que conteste la demanda. Lo mismo ocurrió con la que interpuso el diputado nacional de la UCR, Fernando Carabajal. En el mismo sentido, hay acciones promovidas por el FAF y el partido “Nuevo País”. Estas dos últimas fueron remitidas al Procurador Eduardo Casal para que dictamine sobre la competencia de la Corte.
Los casos se sustentan en el texto constitucional vigente. Si se modifica, las acciones legales y la intervención de la Corte podrían quedar en abstracto.
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