Avanza a paso firme la recategorización de empleados públicos: primeros beneficios en agosto
Aunque la ley otorga un plazo de hasta 270 días, el Gobierno provincial prevé concretar las primeras recategorizaciones en agosto. La medida impactará en casi el 80% del personal estatal y mejorará los haberes y el futuro cálculo jubilatorio.
SANTA ROSA | Un importante avance se registra en los expedientes vinculados a la Ley de Recategorizaciones para el personal de la administración pública provincial, aprobada a fines de abril por la Cámara de Diputados. La norma beneficiará a unos 8.500 trabajadores del Poder Ejecutivo, lo que representa cerca del 80% de la planta estatal.
Si bien la legislación fija un plazo de 270 días para la conformación y aprobación de los expedientes, desde el Gobierno provincial adelantaron que el proceso se completará mucho antes. Juan Rivero, director general de Personal del Ministerio de Hacienda y Finanzas, aseguró que las primeras recategorizaciones podrían concretarse en agosto.
Rivero destacó el ritmo acelerado del trabajo que llevan adelante las 19 comisiones creadas para este fin, en contraste con la última recategorización realizada en 2015, que contó solo con dos comisiones. "Esta vez se organizaron 10 expedientes y 19 comisiones para agilizar el proceso, y ya se enviaron las primeras actas a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas", explicó el funcionario. Una vez que los expedientes superen la revisión de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas, sólo restará que el Gobernador firme el decreto correspondiente.
Además, Rivero remarcó que estas recategorizaciones —acordadas en la mesa paritaria entre el Gobierno y los gremios— impactarán de forma inmediata en los haberes de los trabajadores y tendrán un efecto positivo en sus jubilaciones futuras. También subrayó la transparencia del proceso, permitiendo que cualquier trabajador pueda consultar el estado de su expediente o canalizar consultas a través de los gremios.
Finalmente, el director de Personal recordó que la preparación de los expedientes comenzó incluso antes de la sanción de la ley, ya que desde noviembre pasado se venía trabajando en el análisis de legajos, particularmente los del período 2015-2019, que no estaban digitalizados. “Queremos que el trabajo sea impecable y sin objeciones”, concluyó.
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