El Gobierno impulsa una “modernización laboral” y apunta también a la Ley de Trabajo Agrario
Tras la contundente victoria electoral del último domingo, el Gobierno nacional busca aprovechar el envión político y ya prepara el envío al Congreso del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, una iniciativa que promete cambios estructurales en la legislación laboral argentina. El objetivo, según los fundamentos oficiales, es “institucionalizar un modelo económico que fomente la contratación, actualice las condiciones laborales y adapte la normativa a las necesidades del mercado actual”.
NACIONALES | Dentro del paquete, el Ejecutivo incluyó una serie de modificaciones en la Ley de Trabajo Agrario (N° 26.727), orientadas —según se plantea— a simplificar procedimientos, eliminar duplicaciones normativas y promover una mayor formalización del empleo rural.
El texto, que ingresaría en las próximas horas a la Cámara de Diputados, sostiene que la reforma “busca el dinamismo que exige el mercado actual”, incorporando herramientas como bonos de crédito fiscal para nuevas contrataciones y el empalme entre programas sociales y empleo registrado, con el fin de estimular la formalización laboral en los sectores más rezagados.
Cambios en el artículo 3°: exclusiones del régimen
Entre las modificaciones planteadas, el proyecto reformula el artículo 3° de la actual Ley de Trabajo Agrario, que define qué tipos de trabajadores quedan fuera de su alcance.
La nueva redacción mantiene casi todos los puntos originales, pero actualiza terminología y referencias legales.
Por ejemplo, reemplaza la mención al antiguo decreto 326/56 del servicio doméstico —ya derogado— por la actual Ley 26.844 del Régimen de Casas Particulares, e introduce ajustes en la definición de las actividades excluidas.
Si bien los cambios son principalmente de forma y actualización jurídica, se eliminó un inciso completo (el “g”), que excluía expresamente a trabajadores comprendidos en convenciones colectivas previas al régimen actual.
Cambios en el artículo 12: responsabilidad solidaria
El segundo punto relevante es el artículo 12, que regula las responsabilidades de las empresas en casos de contratación o subcontratación de personal. La versión que impulsa el Gobierno reduce drásticamente el texto actual y redefine el alcance de la solidaridad entre empleadores.
El nuevo esquema establece que la empresa usuaria será responsable solidaria solo “por las obligaciones devengadas durante el tiempo de efectiva prestación del trabajador”, acotando los márgenes de responsabilidad que hoy establece la ley vigente.
Además, se incorpora una exclusión explícita para los propietarios que arrienden tierras que no constituyan explotaciones productivas, lo que representa un alivio normativo para pequeños y medianos dueños rurales.
Un proyecto clave en la agenda económica
Desde la Casa Rosada aseguran que la reforma laboral busca “incentivar la creación de empleo formal, atraer inversiones y simplificar las relaciones laborales”.
El paquete de medidas, que forma parte de la estrategia de modernización económica del Gobierno, se presentará junto con otros proyectos destinados a consolidar el nuevo rumbo tras los comicios legislativos.
El debate promete ser intenso: los gremios rurales, sectores del trabajo organizado y la oposición política ya anticipan resistencia frente a lo que consideran una “flexibilización encubierta” de derechos laborales.
De aprobarse, la nueva normativa implicaría uno de los cambios más importantes en la legislación agraria de las últimas décadas, marcando un giro hacia un esquema más orientado al incentivo de la inversión privada y la reducción de cargas para los empleadores.
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