Por: InfoTec 4.019/02/2026

Comenzó el cuarto paro general de la CGT: El país se paraliza en protesta contra la reforma laboral

La medida de fuerza por 24 horas afecta la totalidad del transporte público y servicios clave que le impide a quienes no se suman, poder llegar a sus lugares de trabajo. Mientras la central obrera apuesta a un "parate" total, el Congreso sesiona hoy para tratar el polémico proyecto de ley que impulsa el Gobierno Nacional.

NACIONALES | Desde los primeros minutos de este jueves 19 de febrero, la Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha su cuarta huelga general contra la gestión de Javier Milei. La medida, que se extenderá durante toda la jornada, busca manifestar un rechazo contundente a la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados.

Sin transporte ni actividad

El impacto de la medida es total en el sector transporte. No hay servicio de colectivos (UTA), trenes, vuelos ni subtes, lo que garantiza una jornada de nula actividad en los principales centros urbanos y una fuerte adhesión en el interior del país. Jorge Sola, miembro del triunvirato de la CGT, fue tajante al ratificar la huelga: "La Argentina se paralizará de punta a punta".

Desde la central obrera aclararon que, si bien no están en contra de discutir una modernización laboral, el rechazo radica en la "pérdida de derechos" que, según denuncian, plantea el proyecto oficialista.

Tensión en el Congreso

Mientras el paro se siente en las calles, en el recinto de Diputados se vive una jornada de alta tensión. El proyecto de reforma laboral llega al debate tras haber obtenido media sanción previa (y cambios en el Senado), y se espera que hoy sea aprobado para volver a la cámara alta la semana próxima.

A diferencia de la conducción oficial de la CGT, que optó por un paro sin movilización, gremios como la UOM, Aceiteros y las dos CTA, junto a movimientos de izquierda, decidieron marchar hacia las puertas del Congreso para presionar durante la sesión.

El camino de la judicialización

Desde el sindicalismo ya adelantaron que, en caso de que la reforma sea aprobada y convertida en ley, el siguiente paso será la judicialización. Argumentan que el proyecto es "inconstitucional" y que no se ha dado el tiempo suficiente para discutir un articulado que afecta a millones de trabajadores en todo el territorio nacional.