La CGT presentó este viernes un amparo contra la ley de Modernización Laboral que fue oficializada en el Boletín Oficial, al solicitar que se suspenda el traspado del Fuero Laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.
La presentación se hizo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico.
En el amparo, la CGT reclamó “el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la operatividad de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral y del acuerdo de Transferencia aprobado por el art. 90 en cuanto disponen el cierre de treinta (30) Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la CNAT y la progresiva eliminación y cierre de la Justicia nacional del Trabajo, así como de las transferencias cuestionadas en el presente pedido de amparo”.
También pidió que “se dicte sentencia declarando nulo el Acuerdo de Transferencia e inconstitucionales los arts. 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral”.
La presentación lleva la firma de los cosecretarios generales de la central Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo.
Qué dicen los artículos que rechaza la CGT
El artículo 90 de la reforma, que la CGT quiere impugnar, establece el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 9 de febrero de 2026”.
Y el 91 encomienda al Poder Ejecutivo a “transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando el adecuado funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo”.
Los jefes de la CGT plantearon que “la índole de los hechos, la relevancia de la decisión gubernamental impugnada (la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo) y el marco de grosera arbitrariedad en que se ha llevado a cabo constituyen una afrenta al orden constitucional, a la división de poderes y al deber estatal de proceder de acuerdo al derecho vigente y, por sus efectos, conforman hechos de gravedad institucional, lo que así se deja planteado”.
Por otra parte, "para el eventual e hipotético caso de que se decidiera no hacer lugar a la acción aquí invocada, esta parte deja desde ya planteado el caso federal para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de lo normado en el artículo 14 de la ley 48 por lesión de derechos de máxima raigambre constitucional y relevancia institucional", añadieron.
El presidente Javier Milei promulgó a través del decreto 137/2026 la ley que fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero pasado. La norma introduce modificaciones profundas al régimen laboral, con cambios que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia. (NA)