Ajuste en Córdoba: Llaryora ordenó un recorte del 10% en todas las áreas ante la caída de la recaudación
CÓRDOBA | El ajuste se aplicará sobre un remanente de $1,98 billones, lo que permitirá al Ejecutivo cordobés generar un ahorro estimado de $198.000 millones. Según explicaron desde el Panal, la decisión responde a la necesidad de reequilibrar el Presupuesto 2026, que se vio desfasado por dos factores clave: el fuerte incremento salarial convalidado recientemente y la caída sostenida de los ingresos reales.
Los números detrás del "tijeretazo"
El diagnóstico de la administración cordobesa es claro: los ingresos nacionales llevan ocho meses consecutivos cayendo por debajo de la inflación. En el primer trimestre de este año, la recaudación del IVA cayó un 10% interanual y la de Ganancias un 4% en términos reales. A esto se suma el derrumbe de los ingresos provinciales, que tras un enero positivo, se desplomaron un 11% en febrero.
El recorte del 10% sobre los gastos operativos equivale aproximadamente al 40% de una recaudación mensual de la provincia, lo que da cuenta de la magnitud del ahorro que se busca alcanzar para evitar un déficit financiero.
Salud, Educación y Obra Pública: los sectores en la mira
La medida plantea un desafío complejo en áreas sensibles:
Salud: Aunque el ministerio del área estimó que podría optimizar gastos entre un 7% y un 11%, el sistema enfrenta una presión creciente por la mayor demanda en hospitales públicos ante la crisis de servicios de prestadoras como PAMI.
Educación: Se mantienen los aportes salariales, pero el resto de las erogaciones de funcionamiento deberán entrar en el plan de ahorro.
Obra Pública: Llaryora ya anticipó una "ralentización" del plan de infraestructura. Solo las grandes obras con financiamiento externo garantizado, como la autopista 19 o la Circunvalación de Río Cuarto, mantendrán su ritmo.
Con esta decisión, Córdoba se suma a la tendencia de austeridad extrema, priorizando el pago de salarios y jubilaciones (que representan el 70% del gasto total) mientras reduce al mínimo el funcionamiento del aparato estatal para evitar el endeudamiento.