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CÓRDOBA | El ajuste se aplicará sobre un remanente de $1,98 billones, lo que permitirá al Ejecutivo cordobés generar un ahorro estimado de $198.000 millones. Según explicaron desde el Panal, la decisión responde a la necesidad de reequilibrar el Presupuesto 2026, que se vio desfasado por dos factores clave: el fuerte incremento salarial convalidado recientemente y la caída sostenida de los ingresos reales.
El diagnóstico de la administración cordobesa es claro: los ingresos nacionales llevan ocho meses consecutivos cayendo por debajo de la inflación. En el primer trimestre de este año, la recaudación del IVA cayó un 10% interanual y la de Ganancias un 4% en términos reales. A esto se suma el derrumbe de los ingresos provinciales, que tras un enero positivo, se desplomaron un 11% en febrero.
El recorte del 10% sobre los gastos operativos equivale aproximadamente al 40% de una recaudación mensual de la provincia, lo que da cuenta de la magnitud del ahorro que se busca alcanzar para evitar un déficit financiero.
La medida plantea un desafío complejo en áreas sensibles:
Salud: Aunque el ministerio del área estimó que podría optimizar gastos entre un 7% y un 11%, el sistema enfrenta una presión creciente por la mayor demanda en hospitales públicos ante la crisis de servicios de prestadoras como PAMI.
Educación: Se mantienen los aportes salariales, pero el resto de las erogaciones de funcionamiento deberán entrar en el plan de ahorro.
Obra Pública: Llaryora ya anticipó una "ralentización" del plan de infraestructura. Solo las grandes obras con financiamiento externo garantizado, como la autopista 19 o la Circunvalación de Río Cuarto, mantendrán su ritmo.
Con esta decisión, Córdoba se suma a la tendencia de austeridad extrema, priorizando el pago de salarios y jubilaciones (que representan el 70% del gasto total) mientras reduce al mínimo el funcionamiento del aparato estatal para evitar el endeudamiento.
