El gobierno de Trump refuerza restricciones bancarias para inmigrantes indocumentados en EE.UU.
La administración del presidente Donald Trump puso en marcha nuevas medidas destinadas a reforzar los controles sobre el acceso de inmigrantes sin autorización legal al sistema financiero de Estados Unidos.
La iniciativa prevé que los reguladores financieros recuerden a bancos y otras entidades la obligación de cumplir con las normas de "conozca a su cliente", haciendo especial foco en personas que no cuentan con autorización para trabajar en el país. El objetivo es que las instituciones evalúen con mayor rigurosidad el riesgo de otorgar créditos a quienes podrían enfrentar procesos de deportación, lo que podría afectar su capacidad de pago.
Las directrices serán emitidas por la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito. Aunque no ordenan cerrar cuentas ni dejar de prestar servicios a inmigrantes indocumentados, buscan que los bancos revisen sus políticas de evaluación de riesgos.
La medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Casa Blanca para limitar el acceso de los inmigrantes sin estatus legal a distintos servicios y beneficios. En mayo, una orden ejecutiva instruyó a las entidades financieras a verificar con mayor atención la ciudadanía y situación migratoria de sus clientes.
En paralelo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro había advertido a las entidades bancarias sobre posibles casos de fraude, robo de identidad y lavado de dinero vinculados a la contratación de trabajadores sin autorización.
Además, el Gobierno avanzó con restricciones sobre beneficios fiscales para determinados inmigrantes, una decisión que, según especialistas, también podría impactar en beneficiarios de programas como DACA y del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Las nuevas disposiciones forman parte de la política migratoria impulsada por Trump, orientada a endurecer los controles sobre la permanencia y las actividades económicas de personas que residen en Estados Unidos sin autorización legal.