El Ministerio Público Fiscal capacitó a policías del norte y oeste pampeano sobre el nuevo régimen penal juvenil
GENERAL PICO | El Ministerio Público Fiscal de la II y IV Circunscripción Judicial de La Pampa llevó adelante un encuentro de capacitación y coordinación con oficiales y comisarios de distintas dependencias policiales del norte y el oeste provincial, con el propósito de unificar criterios de intervención frente a situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. De la jornada participaron fiscales de ambas circunscripciones judiciales y representantes de todas las comisarías de la Unidad Regional II, junto con efectivos de las dependencias policiales del oeste pampeano. En representación de Realicó participó el subcomisario Martín Tacchini.
La exposición central estuvo a cargo de Emilia Buffone, funcionaria del Ministerio Público Fiscal, quien abordó los principales cambios derivados del nuevo régimen penal juvenil y las pautas que deberán tener en cuenta los efectivos policiales durante las primeras intervenciones. Uno de los objetivos centrales del encuentro fue coordinar y articular criterios de actuación entre la Policía y el Ministerio Público Fiscal, especialmente en lo que respecta a la primera intervención ante hechos presuntamente delictivos cometidos por niños o adolescentes. En ese marco, se repasaron los principios rectores del nuevo régimen, con especial énfasis en las diferencias existentes entre los adolescentes considerados punibles y aquellos que, por su edad, resultan no punibles.
Buffone explicó que se trató de un primer encuentro destinado a brindar herramientas concretas para la aplicación del nuevo marco normativo. "En este primer encuentro expliqué la diferencia con la nueva Ley 27.801 y cómo la provincia se había adecuado a esa legislación a partir de la ley que se aprobó en la Legislatura provincial el 11 de septiembre, que es la Ley 3.656", detalló la fiscal.
Entre los temas abordados durante la jornada estuvieron las notificaciones que deben realizarse cuando se trata de adolescentes punibles, así como las diferencias que deben contemplarse al intervenir con adolescentes no punibles. Se remarcó que, al momento de notificar, debe constar la firma de la madre, el padre, un tutor o un adulto responsable y que, en caso de no contar con ellos o no poder ubicarlos, corresponde comunicar lo actuado a los organismos de Protección. También se analizaron aspectos vinculados a la detención de adolescentes y a los plazos para la remisión de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, recordándose puntualmente que existe un plazo de 24 horas para elevar las actuaciones, un aspecto considerado central para garantizar una intervención adecuada dentro del nuevo régimen.
Otro de los ejes centrales de la capacitación estuvo vinculado a los principios que rigen el proceso penal juvenil. Buffone remarcó que el sistema tiene una finalidad diferente a la lógica exclusivamente punitiva del sistema penal de adultos. "También les hablé con respecto a los principios que rigen en el proceso penal juvenil y el fin, que es no retributivo sino justamente de reintegrarlos a la sociedad y educativo", explicó la funcionaria, remarcando que el objetivo del nuevo régimen apunta a la educación, la reintegración y la reinserción social del adolescente, y no a una lógica meramente retributiva.
Desde el Ministerio Público Fiscal consideraron que este tipo de encuentros resulta fundamental para fortalecer la articulación institucional y establecer criterios comunes entre quienes tienen a cargo la primera intervención frente a un hecho y quienes posteriormente llevan adelante la investigación y el proceso judicial. La jornada permitió además que los representantes policiales pudieran plantear dudas y conocer de manera directa las pautas de actuación frente a los distintos escenarios que pueden presentarse cuando un niño, niña o adolescente resulta involucrado en un hecho presuntamente delictivo.
El encuentro se enmarca en el proceso de adecuación de la provincia al nuevo régimen penal juvenil, que introduce modificaciones en la intervención de los organismos estatales frente a adolescentes en conflicto con la ley penal. Para las fuerzas policiales, uno de los principales desafíos será aplicar correctamente las nuevas pautas desde el primer contacto con el adolescente, respetando las garantías y principios específicos del régimen juvenil y, al mismo tiempo, asegurando la comunicación y remisión de las actuaciones dentro de los plazos establecidos por la normativa.