El STJ rechazó otro intento de revisar la condena a diez años por abusos en el jardín Nenos
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa rechazó una acción de revisión presentada por la defensa de Paul Claudio Santander, quien cumple una condena de diez años de prisión por abusos sexuales contra una niña que asistía al jardín de infantes Nenos, de Santa Rosa.
La resolución fue dictada el 13 de octubre por la Sala B del máximo tribunal provincial, que consideró que los argumentos presentados no cumplían los requisitos legales para revisar una sentencia firme. De esta manera, la condena dictada en 2022 y posteriormente confirmada por el Tribunal de Impugnación Penal y el propio STJ continúa vigente.
La defensa, encabezada por el abogado Mauricio Latini, había solicitado la revisión a partir de una nueva evaluación psicológica elaborada por la licenciada Carolina Moneo Rosas. El informe cuestionaba aspectos de las pericias realizadas durante el proceso y la metodología utilizada en la entrevista en cámara Gesell, particularmente por la presunta inclusión de preguntas cerradas y sugestivas.
También planteaba objeciones sobre el uso de informes de la psicóloga tratante como elementos probatorios. Según la defensa, esas observaciones podían modificar la valoración de las pruebas que sustentaron la condena.
Sin embargo, los jueces señalaron que la revisión extraordinaria solo procede cuando aparecen hechos o pruebas nuevas capaces de demostrar que el delito no existió o que el condenado no lo cometió. En este caso, entendieron que la denominada metapericia analizaba elementos que ya habían sido incorporados y examinados durante el juicio.
El fallo también advirtió que la defensa no explicó por qué ese análisis no pudo realizarse oportunamente y sostuvo que el planteo pretendía obtener una nueva interpretación de pruebas conocidas, algo que no habilita la reapertura de una sentencia firme.
Santander fue condenado por hechos ocurridos entre 2017 y 2019, cuando se desempeñaba como representante legal del jardín y desarrollaba actividades educativas y recreativas con los niños. La víctima tenía entre dos y cuatro años durante ese período.
Finalmente, el STJ declaró inadmisible la acción y dispuso el archivo de las actuaciones, por lo que la pena de diez años de prisión permanece vigente.