Lechería: el sector advierte que los impuestos son el 40% del precio en góndola

NACIONALES | El presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Ercole Felippa, analizó la situación del sector en una entrevista radial y dejó un diagnóstico de dos caras: los números de producción son buenos, pero la rentabilidad de buena parte de los productores está muy ajustada. Felippa lidera además la cooperativa láctea cordobesa Manfrey, fue presidente de la Unión Industrial de Córdoba y actualmente es vicepresidente del Banco de Córdoba.

Las cifras oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca muestran un aumento interanual del 4,1% en el ordeñe y un récord en sólidos útiles, la grasa y la proteína de la leche, que subieron del 7,34% al 7,39% y mejoran el rendimiento industrial. Felippa reconoció que, mirando solo los datos macro, la lectura puede ser muy optimista, con crecimiento en producción y en exportaciones. Sin embargo, advirtió que en los eslabones primarios la realidad es otra: hay productores con rentabilidad muy ajustada y, en varios casos, directamente negativa.

Explicó que la relación entre el precio de la leche y el de los principales insumos, el maíz y la soja, es favorable. Pero el sector sufre un aumento continuo de otros costos operativos, por lo que una parte importante de los tambos hoy produce por debajo de lo que cobra, una situación que, según indicó, genera una vulnerabilidad considerable.

Competitividad más allá del dólar

Consultado sobre los sectores que reclaman una devaluación, el dirigente fue claro: en las reuniones con productores de Manfrey les plantea que no deben esperar que la mejora llegue por un salto del tipo de cambio ni de los precios, porque los fija el mercado. Sostuvo que la competitividad se construye con una agenda de trabajo dentro de cada establecimiento e industria, sin dejar de gestionar como cámara los factores externos.

Retomó así el concepto de competitividad sistémica que usaba como presidente de la UIC. Señaló que todavía muchos empresarios creen que se resuelve solo con el tipo de cambio y que, aun con un dólar mucho más alto, si no se solucionan los problemas de fondo, el beneficio dura apenas lo que tarda en trasladarse a los precios.

Entre esos factores externos, ubicó en primer lugar la presión impositiva y los costos laborales. Aclaró que no se refiere a los salarios, sino al conjunto de cargas y sobrecostos que rodean a la contratación, y que el salario es solo una parte pequeña del costo laboral total. Propuso que la producción primaria y la industria acuerden una agenda común sobre estos puntos.

El orden macro, necesario pero no suficiente

Sobre el ordenamiento fiscal del Gobierno nacional, Felippa valoró que se haya equilibrado el déficit primario, pero advirtió que eso es una condición necesaria y no suficiente: sin políticas que incentiven el consumo, reactiven la actividad y eviten la pérdida de empleo, la microeconomía no se acomoda sola. Planteó que la forma sustentable de combatir la pobreza es el empleo formal y que las ayudas del Estado pueden ser necesarias en la emergencia pero no resuelven el problema de fondo. Destacó que la lechería genera mucha mano de obra y que no basta con que a una empresa le vaya bien si en la calle hay gente en situación crítica.

Retenciones, reintegros y una carga fiscal medida

El dirigente recordó que el sector lácteo recibió con beneplácito la eliminación de las retenciones a la leche en polvo, pero señaló un detalle que, según dijo, se difunde poco: al mismo tiempo se eliminaron los reintegros a la exportación. Explicó que no son un subsidio, sino la devolución por parte del Estado de los impuestos acumulados en el bien exportado, un mecanismo contemplado por la Organización Mundial de Comercio para evitar exportar impuestos. El CIL pidió formalmente que se restablezcan.

Para dimensionar el peso tributario, el centro encargó un estudio a una consultora privada. Según los resultados que detalló Felippa, en los productos de exportación entre el 6% y el 7% del valor final corresponde a impuestos acumulados en la cadena. En los productos de góndola, de cada 100 pesos que paga el consumidor, 40 son impuestos, y esa suma se reparte en partes iguales: la mitad la recauda la Nación y la otra mitad las provincias y los municipios.

El estudio también midió el efecto sobre los trabajadores: por cada 100 pesos que le cuesta a la empresa la masa salarial de un operario de planta, el trabajador recibe en mano unos 58, tras descontar cargas sociales e impuestos al trabajo. Y cuando ese mismo operario gasta esa plata en el supermercado, un 40% de lo que compra vuelve a ir a impuestos. Para Felippa, un país con ese esquema resulta inviable.

Tasas locales, coparticipación e informalidad

El dirigente cuestionó también la proliferación de tasas municipales y provinciales. Contó, a modo de ejemplo, que en algunas jurisdicciones, sobre todo del norte del país, se pretendió cobrar un gravamen por “impacto visual” a camiones de la empresa que simplemente circulaban con su logo a la vista. Indicó que el sector llevó esos cobros hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obtuvo fallos favorables, aunque el problema persiste.

Planteó además que el debate por un nuevo régimen de coparticipación federal es una deuda urgente: la reforma constitucional de 1994 estableció la obligación de dictar esa ley, y pasaron más de 30 años sin que se concrete por falta de consensos entre la Nación y los gobernadores. Consideró indispensable estructurar un esquema que contemple la diversidad de realidades provinciales, ya que las necesidades de Córdoba o Santa Fe no son las de una provincia del norte.

Por último, vinculó la complejidad impositiva con la informalidad: cuanto más enredado es el sistema, más difícil es fiscalizarlo y más espacio queda para la evasión. La lechería informal, advirtió, es una competencia desleal para quienes cumplen y distorsiona todo el mercado. Su propuesta es un esquema con menos impuestos, más simples de controlar, y en el que todos paguen lo que corresponde.