INFOTEC 4.0
El documento es el siguiente:
El 10 de febrero del año 2004 desapareció Andrea Noemí López, una joven santarroseña de 25 años de edad que convivía con su pequeño hijo y con su pareja, el boxeador Víctor Purreta, que ejercía sobre ella violencia de género extrema y la explotaba sexualmente.
A partir de ese momento su madre, Julia Ferreyra, desafió la indiferencia y los prejuicios sociales e inició su búsqueda, junto a familiares y organizaciones de mujeres.
A lo largo de diez años, la trama de la violencia sufrida por Andrea se fue desentrañando y quedó expuesto el recorrido común de padecimientos de gran número de mujeres en las sociedades patriarcales: aislamiento, golpes, amenazas.
Estos hechos fueron probados en el primer juicio que culminó con la condena de Purreta por promoción y facilitación de la prostitución.
Luego, la madre de Andrea a cargo de la guarda de su nieto, se abocó a su cuidado y protección, ya que el niño había sido víctima y testigo de las violencias sufridas por su madre.
En forma paralela, Julia Ferreyra actuó como querellante en la causa judicial por la desaparición de Andrea, activó su búsqueda a nivel local y nacional y asistió a numerosas actividades y foros que reclaman políticas activas y compromiso estatal contra la explotación prostituyente y la trata de personas.
Finalmente, en el año 2014, esta lucha inclaudicable por la verdad y la Justicia para Andrea alcanzó un punto culminante cuando se condenó a Víctor Purreta por su homicidio. Aún sostenemos el justo reclamo de la familia y de la sociedad pampeana por conocer el destino del cuerpo de Andrea. Desde nuestra organización consideramos que su homicida podrá llegar a cumplir la condena establecida legalmente pero aún mantendrá una deuda, especialmente con el hijo y la madre de Andrea, que supera el dominio de las normas jurídicas: decir la verdad sobre el destino final de su cuerpo permitiría a la familia completar el acto amoroso de la despedida que nos constituye a los seres humanos como tales.
En esta fecha, cada año, desde Mujeres por la Solidaridad recordamos que todas las violencias que padeció Andrea López fueron graves violaciones de sus derechos humanos.
El Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la vida y a la libertad, los derechos económicos, sociales, culturales y sexuales de las personas, especialmente de aquellas que son brutalmente vulneradas cuando se las somete a la explotación sexual. Hoy, nuestra sociedad reconoce la compleja red que sostiene el sistema prostituyente, se han generado avances en las leyes y en la conciencia social respecto de la violencia de género y su abordaje, pero debemos profundizar y adecuar de las políticas públicas y el accionar del poder judicial para garantizar el goce de estos derechos. Por ello, sentimos que honrar cabalmente la memoria de Andrea también es comprometemos y convocarnos a trabajar para mejorar las condiciones de vida, económicas, sociales y culturales de nuestras niñxs, adolescentes, y de las disidencias sexuales. Ellxs son lxs que hoy peligran bajo la amenaza de una cultura, la del sistema prostituyente.
Gentileza: Diario Textual
