Ellos se dividieron el conglomerado Santa Rosa-Toay por zonas y trabajaron en las tareas de control junto a la policía provincial. Todas esas personas fueron aprehendidas por incumplir con los artículos 205 y 239 del Código Penal.

El artículo 205 sanciona con prisión de seis meses a dos años, al que “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”; y el 239 reprime con prisión de 15 días a un año, al que “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

Las detenciones estuvieron a cargo de los fiscales generales Máximo Paulucci y Guillermo Sancho y de los fiscales Andrés Torino, Alfredo Cazenave, María Cecilia Martiní, Marcos Sacco, Cristian Casais, Verónica Ferrero y Facundo Bon Dergham.

A cada uno de los infractores se les abrió una causa penal y se notificó de ellos a los jueces de control. Luego, con el transcurso de las horas, fueron liberados.