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Ante las restricciones del gobierno de San Luis, que impide que los productores agropecuarios de otras provincias ingresen a sus campos, surgió un reclamo de autoconvocados que cuestionan las medidas adoptadas por la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
Para entrar a la provincia gobernada por Alberto Rodríguez Saá se requiere, además de la realización del PCR, una cuarentena de siete días en hotel y un nuevo hisopado. El costo de ese trámite es entre $25.000 y $30.000.
Entre los productores autoconvocados hay empresarios de Mendoza, La Pampa y Córdoba, que tienen campos en San Luis y que no han podido ingresar para levantar la cosecha. Incluso, advierten que para empezar la siembra "entraremos, si es necesario, por cualquier lugar".
Uno de los reclamos que se escuchó en uno de los límites entre San Luis y Mendoza, donde hubo protestas, fue que "los protocolos que propone San Luis son de cumplimiento imposible. Nos piden 15 días de cuarentena y después nos dicen que nos podemos quedar sólo cinco días".
El conflicto comenzó en abril y se fue profundizando a punto tal que llegó a la Corte Suprema de Justicia hace poco más de un mes. La elevación la dispuso el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien falló a favor de los productores cordobeses que presentaron un amparo por "violaciones constitucionales" provocadas por el bloqueo de rutas y límites interprovinciales y que incluyen el cierre de la ruta nacional 8, además de una provincial y caminos rurales.
Horas después del fallo de Ochoa, su par de San Luis dictó una cautelar que establece que las medidas adoptadas por esa provincia respecto a los ingresos y egresos, son válidas. La procuradora general de la Nación, Laura Monti, dictaminó que el tema "no es federal", sino que debe ser resuelto por jueces provinciales. Su dictamen no es vinculante.
"La gente está muy enojada, cada vez es peor. No dejan entrar y salir, ni siquiera cumpliendo las condiciones", afirmó David Tonello, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
El abogado de los productores cordobeses, Antonio María Hernández, explicó que la situación afecta a "muchas más personas" que las del sur cordobés "porque en todo el país hay este tipo de problemas. Es muy importante que la Corte Suprema se expida, hace ya más de un mes que tiene la cautelar, tiempo más que suficiente para resolver algo que es muy grave y que afecta a los derechos humanos de miles de personas; su gravedad inconstitucional es incuestionable".
La situación fue reflejada también por el diputado nacional Federico Zamarbide. Entre los manifestantes hay productores de San Rafael, de donde es oriundo el legislador.
Productores mendocinos reclamando
