El subsecretario de Derechos Humanos de La Pampa, Juan Pablo Fasce, participó de la 33 Reunión Plenaria del Consejo Federal de DDHH que se realizó por videoconferencia y con la que se cerró el año.
Provinciales04 de diciembre de 2020
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Las jornadas fueron inauguradas por el secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y estuvieron presentes las autoridades del área de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se abordaron distintas temáticas, pero principalmente se hizo un balance sobre el trabajo realizado durante este año en situación de pandemia y los desafíos por alcanzar el año entrante, haciendo foco en la necesidad de orientar las políticas públicas a la búsqueda de la erradicación definitiva de la violencia institucional.
En el documento final, se reafirmó “el enfoque transversal de los Derechos Humanos en las políticas públicas es central para consolidar el sistema democrático y sus mecanismos de concertación y acuerdo, en el marco de la diversidad opiniones y expresiones. Que en esa línea promueven el trabajo mancomunado, intersectorial e interjurisdiccional en diálogo participativo con la sociedad civil, para el abordaje basado en datos y evidencias de las diversas problemáticas estructurales y emergentes”.
Las autoridades repudiaron “el resurgimiento de los discursos de odio y discriminación que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación y alientan las prácticas xenófobas, homofóbicas y misóginas, fomentando la polarización social y la expulsión de sectores vulnerables de la esfera pública”.
Además, se habló “del avance sostenido en la reparación de los delitos de lesa humanidad, así como las políticas de acompañamiento y asistencia de testigos y querellantes en los procesos judiciales” y de “avanzar y coordinar una agenda federal de políticas de estado contra la violencia institucional”.
Las autoridades lamentaron “el aumento exponencial de las situaciones de violencias de género, atravesadas por mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+, y la gran cantidad de femicidios y travesticidios registrados este año” y reclamaron por la necesidad de aumentar los recursos y esfuerzos destinados a dar respuestas a estos fenómenos.
Finalmente, reafirmaron “trabajar fuertemente en el abordaje de los desafíos de las problemáticas estructurales y emergentes evidenciadas en el marco de la emergencia sanitaria mundial, promoviendo la federalización y la regionalización de las políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos para poner a la Argentina de pie”.
El gobierno pampeano renovó su reclamo contra Mendoza por no garantizar el caudal mínimo del río Atuel, tal como ordenó la Corte en 2020. Denuncian inacción del máximo tribunal y advierten sobre un trasfondo político en el incumplimiento.
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La suspensión de obras públicas por parte del Gobierno nacional ya tiene impacto visible en La Pampa, donde viviendas del Plan Procrear y rutas claves quedaron abandonadas. Carteles que denuncian la paralización empiezan a multiplicarse en todo el país, en medio de tensiones entre Nación y las provincias.
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El establecimiento multado, ubicado en el Departamento Atreucó, no mantenía las picadas perimetrales obligatorias. El dinero ya fue transferido a Rentas Generales.
En un giro clave dentro de la investigación por una millonaria estafa que sacudió al sector ganadero regional, Ana Paula Courreges (37) e Iván Ezequiel Fiorini (38), ambos oriundos de General Pinto, provincia de Buenos Aires, fueron detenidos este martes por la mañana en la Fiscalía General de General Pico, luego de presentarse voluntariamente junto a sus abogados defensores, Hernán y Jorge Salamone. Les dictaron 90 días de arresto domiciliario.
Con el corazón lleno de recuerdos y emoción, este 30 de junio de 2025 marcó el cierre definitivo de tres emprendimientos familiares que durante más de cinco décadas fueron parte del alma comercial y afectiva de nuestra comunidad.
La interna de la UCR para definir candidaturas legislativas nacionales derivó en un conflicto sin precedentes. Dos integrantes de la Junta Electoral renunciaron por presiones partidarias, una de ellas se desafilió tras 17 años y denunció penalmente a las autoridades ante la Justicia Federal.
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