
El Gobierno desreguló el mercado de cabotaje marítimo para recuperar competitividad y sanear al sector
Se aprobó un nuevo régimen para la marina mercante y se declaró servicio esencial a la navegación.
La presentación se hizo en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y en la Comisaría de Quehué. Acusan a un integrante del CECOM.
Provinciales11 de marzo de 2021Un comisario de la Policía de La Pampa fue acusado de amenazas y estafa por una pareja con dos hijos que le alquilaron a su suegro una vivienda del IPAV en Quehué.
Abigaíl Fredes dijo en declaraciones radiales que alquiló una casa en la localidad porque su pareja consiguió trabajo en un campo de la zona y se mudaron con sus dos hijos.
La vivienda que les alquilaron es una de las que entrega el IPAV y una vez adentro, se enteraron que no estaba paga. A la semana, asegura que le pidieron que se vaya o la iban a desalojar.
“Me fui a alquilar a Quehué porque no conseguíamos trabajo acá y mi marido consiguió en un campo. Allí conocí al comisario Oscar Rubén Buri del CECOM, suegro del dueño de la casa que alquilamos, firmamos contrato, y para nosotros era todo legal, pero no fue así”, contó.
“Después de una semana empezó con que los perros molestaban al suegro, que los sacara o los echara a la calle, o que me fuera, En un momento dijo que íbamos a hacer un comodato con al vivienda y como el IPAV no se lo permitió, ahora me quiere echar. La casa no está pagada y no se puede alquilar, pero nosotros no sabíamos nada de eso. Hace un poco más de una semana pagamos 18 mil pesos, 12 mil de alquiler, 4 mil de la primera cuota de tres del mes de adelanto y 2.500 para legalizar el contrato”, añadió.
“Ahora resulta que el contrato no es legal y la casa no se puede alquilar. Ayer también se metió la mujer del comisario para pedirme que me vaya y yo les dije que no tengo a dónde ir, que pagué un alquiler, que ellos dijeron que era legal y hasta me cobraron para eso”, destacó.
Además, Abigaíl Fredes fue al IPAV a informarse de la situación, donde le confirmaron que no se podía alquilar y “me dijeron que ya tenían otras denuncias contra ellos. Además me pidieron que no pague más el alquiler y que por el momento no me iban a desalojar porque tengo dos hijos”, según relató.
Amenaza
Sin embargo, la mujer asegura que fue amenazada por el policía: “lo denuncié estafa y amenazas porque él me dijo que si me veía en la calle me iba a cagar a palos”, dijo.
“Y también me dijeron que hoy jueves me van a sacar por la fuerza de la casa. Buri es el yerno del dueño, que no vive ahí. Tiene una casa del IPAV que no habita desde hace más de 5 años”, explicó.
“Yo pinté la casa, la arreglé, todo para entrar y vivir en Quehue. Ahora en el pueblo no hay casas y mi marido ya tiene trabajo allá. Fuimos para allá porque en Santa Rosa no conseguíamos trabajo ninguno de los dos”, finalizó.
Gentileza: El diario
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