El juicio se realizó el 4 de mayo pasado, con la actuación unipersonal de Pellegrino, la intervención de la fiscal Ivana Hernández y el defensor oficial Alejandro Piñeiro.

Luego de analizar las pruebas ofrecidas en el juicio, el magistrado dio por probada la acusación fiscal. La misma consistió en que, sin poder precisar fecha ni hora exacta, el imputado accedido sexualmente  en más de una oportunidad a su pareja, por la fuerza y sin su consentimiento. Así mismo, el imputado la amenazó de muerte en reiteradas oportunidades.

En los alegatos finales, la fiscal solicitó que se lo condene a seis años de prisión y  que se le  revoque de la condicionalidad de la pena que venía manteniendo el imputado; unificándose ambas, componiendo una pena única y total de seis años y seis meses de cumplimiento efectivo.

Por su parte, la defensa técnica del imputado al momento de alegar solicitó la absolución de su defendido, por aplicación del beneficio de la duda.

El juez dio por probados los hechos presentados por la fiscalía y  dispuso la sentencia condenatoria del imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en forma reiterada, y amenazas simples, reiteradas, en concurso real. “En virtud que la repetición y reiteración de abusos y amenazas en el tiempo y su imposibilidad de determinación en su cantidad, conforman la existencia de delito continuado, encontrándose presente los requisitos necesarios para su configuración, pluralidad de acciones, realizadas en un espacio de tiempo prolongado, con una misma víctima, con identidad de bien jurídico lesionado y un modo semejante de comisión”, agregó el juez. .

 Al momento de meritar la pena a imponer, el magistrado consideró que “el pedido de pena efectuado por la representante del Ministerio Público Fiscal, resulta coincidente con la pena mínima prevista en la escala penal del delito abuso sexual con acceso carnal, por lo que ese monto resulta el límite a la jurisdicción. No obstante lo mencionado, estimo que el monto de seis años de prisión resulta racional, justo y proporcional con los hechos imputados”.

Sobre el imputado pesa la condena antes mencionada,  por el delito de amenazas, con  la misma víctima, en la que resultó condenado a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional. “Atento a que no ha transcurrido el plazo de cuatro años que establece el art. 27 del C.P., corresponde revocar dicha condicionalidad y unificar con la pena a imponer en el presente legajo, componiendo una pena única de seis años de prisión de efectivo cumplimiento” agregó el magistrado.