El juez de audiencia de juicio de General Pico, Federico Pellegrino, condenó a un hombre de 37 años, como autor material y penalmente responsable de los delitos “abuso sexual con acceso carnal y amenazas simples, como delitos continuados, arts. 119 tercer párrafo, 149 bis, primer párrafo, primer supuesto y 55 del C.P”, a la pena de seis años de prisión. La misma se fue unificada, con una sentencia anterior, fecha 13 de mayo de 2019, componiendo la pena única de seis años de prisión de efectivo cumplimiento, revocándole la condicionalidad de la primer condena.
Judiciales18 de mayo de 2021
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El juicio se realizó el 4 de mayo pasado, con la actuación unipersonal de Pellegrino, la intervención de la fiscal Ivana Hernández y el defensor oficial Alejandro Piñeiro.
Luego de analizar las pruebas ofrecidas en el juicio, el magistrado dio por probada la acusación fiscal. La misma consistió en que, sin poder precisar fecha ni hora exacta, el imputado accedido sexualmente en más de una oportunidad a su pareja, por la fuerza y sin su consentimiento. Así mismo, el imputado la amenazó de muerte en reiteradas oportunidades.
En los alegatos finales, la fiscal solicitó que se lo condene a seis años de prisión y que se le revoque de la condicionalidad de la pena que venía manteniendo el imputado; unificándose ambas, componiendo una pena única y total de seis años y seis meses de cumplimiento efectivo.
Por su parte, la defensa técnica del imputado al momento de alegar solicitó la absolución de su defendido, por aplicación del beneficio de la duda.
El juez dio por probados los hechos presentados por la fiscalía y dispuso la sentencia condenatoria del imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en forma reiterada, y amenazas simples, reiteradas, en concurso real. “En virtud que la repetición y reiteración de abusos y amenazas en el tiempo y su imposibilidad de determinación en su cantidad, conforman la existencia de delito continuado, encontrándose presente los requisitos necesarios para su configuración, pluralidad de acciones, realizadas en un espacio de tiempo prolongado, con una misma víctima, con identidad de bien jurídico lesionado y un modo semejante de comisión”, agregó el juez. .
Al momento de meritar la pena a imponer, el magistrado consideró que “el pedido de pena efectuado por la representante del Ministerio Público Fiscal, resulta coincidente con la pena mínima prevista en la escala penal del delito abuso sexual con acceso carnal, por lo que ese monto resulta el límite a la jurisdicción. No obstante lo mencionado, estimo que el monto de seis años de prisión resulta racional, justo y proporcional con los hechos imputados”.
Sobre el imputado pesa la condena antes mencionada, por el delito de amenazas, con la misma víctima, en la que resultó condenado a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional. “Atento a que no ha transcurrido el plazo de cuatro años que establece el art. 27 del C.P., corresponde revocar dicha condicionalidad y unificar con la pena a imponer en el presente legajo, componiendo una pena única de seis años de prisión de efectivo cumplimiento” agregó el magistrado.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
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