La docente faltó a su lugar de trabajo entre el lunes 30 de abril y el martes 8 de mayo de 2018 y entre el viernes 26 de abril y el lunes 6 de mayo de 2019. Por sus ausencias, presentó dos certificados médicos firmados por un traumatólogo.

En el primero de ellos, el médico le prescribió nueve días de reposo; mientras que en el segundo le justificó diez días de ausentismo.

Durante el juicio, que presidió el juez Carlos Ordás, la docente reconoció haber utilizado los dos certificados médicos extendidos por el traumatólogo, para viajar al exterior en vez de guardar reposo como se le indicaba.

Las fechas de salida del país fueron el 30 de abril de 2018 y el 26 de abril de 2019 sin tener autorización del Departamento de Reconocimiento Médico en ninguna de las dos oportunidades para ausentarse de su domicilio. Por ello, el juez Carlos Ordás, decidió condenarla por el delito de defraudación especial agravada.

La denuncia judicial la realizó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en febrero de 2020 y la pena fue acordada en un juicio abreviado.

Las pruebas del juicio fueron el informe remitido por la Dirección General de Personal del Departamento Servicio Médico Oficial, de Contaduría General; los certificados médicos; el informe remitido por una empresa; la historia clínica de la docente y una entrevista al médico que firmó los certificados.

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