Unas 200 personas se movilizaron este miércoles a la noche en General Pico en reclamo de justicia por el brutal crimen del nene santarroseño Lucio Dupuy, por cuyo caso se encuentran detenidas y acusadas su madre y la pareja de ella.

Los familiares de Lucio iniciaron una juntada de firmas para acelerar el tratamiento de la normativa nacional denominada "Ley Lucio". Este miércoles a la noche juntaron más.

Los abuelos del nene se instalaron la semana pasada en la esquina de calles 17 y 20, donde colgaron imágenes del niño y las planillas para firmar sobre una mesa. Decenas de vecinos piquenses y de la zona, sin mayores explicaciones, registraron su firma en apoyo al proyecto de Ley Nacional presentado por el diputado nacional piquense Martín Maquieyra.

Según indicaron los familiares del niño, se distribuyeron planillas en distintos puntos de la provincia que serán luego recibidas por ellos, pero también se puede acompañar con la firma digitalmente, a través de la página www.change.org, o también con códigos QR, que fueron entregados en comercios del medio. En la Plaza Seca se juntarán firmas durante los próximos días, únicamente en horario de mañana.

Ramón Dupuy se refirió  a la situación de la causa judicial por la cual se encuentran detenidas en un Penal de San Luis la mamá de Lucio, Magdalena Expósito Valenti (24), y su novia, Abigaíl Páez (27).

Señaló que el abogado de la familia, Mario Aguerrido, continúa recolectando información para sumar al expediente que desde hace algunas semanas no tiene movimiento por la feria judicial, mientras que esperan tener novedades a partir del mes de febrero cuando se retome la actividad de Tribunales.

Ley Lucio

Cabe recordar que, días después del homicidio que conmocionó a la provincia de La Pampa y el país, el diputado nacional Martín Maquieyra elaboró un proyecto denominado Ley Lucio, que los familiares del niño respaldaron desde el momento de su presentación ante el Congreso de la Nación.

El proyecto tiene por objeto la prevención y detección temprana de situaciones de vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la capacitación de los funcionarios públicos y la publicidad de los indicadores de violencia y medios de denuncia eficaces de protección.

Y plantea, entre otras cuestiones, la implementación de una línea telefónica nacional (102), para facilitar la información y las denuncias de cualquier ciudadano. También prevé la reserva de identidad y protección para docentes, médicos y agentes, que están obligados a denunciar hechos de violencia hacia los niños.

Propone también campañas de comunicación a nivel nacional para la concientización sobre los derechos de los niños y sus formas de protección.

Gentileza: El diario