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"Si lo grabamos vamos todos presos". El Ministro de Economía de La Pampa hablando sobre Pampetrol.
El ministro de Hacienda de la provincia, Ernesto Franco, fue denunciado penalmente por sus polémicas declaraciones ante la comisión de Presupuesto de la Legislatura provincial.
La Fundación Apolo lo acusa de posibles delitos de acción pública por entender que el funcionario reconoció haber “falseado” contratos para no pagar Ganancias. Franco aseguró que habló “utilizando un léxico que claramente resultó inapropiado y desatinado”.
La denuncia, que lleva las firmas de Romina Matas y Antonio Fratamico, se basa en las expresiones del ministro ante los legisladores provinciales que se viralizaron: “evidentemente, le digo a todos, cuando empezó el tema de Pampetrol (NR: empresa estatal petrolera), nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuesto a las Ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema: me pagaba el IVA. De ahí vamos todos presos, muchachos. Esa es toda la verdad”.
Los dichos se produjeron el 13 de diciembre, cuando Franco presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2022. “Con una expresión claramente desafortunada, expliqué a los señores diputados los fundamentos del reclamo del pago de alquileres por el uso de los bienes e instalaciones provinciales afectados a la explotación hidrocarburífera, se realizaba para preservar el patrimonio provincial y las responsabilidades propias de los funcionarios públicos, además de las eventuales consecuencias penales en caso que no hubiéramos concretado el reclamo pertinente”, planteó un comunicado con la firma de Franco surgido luego del escándalo.
Agregó que el proyecto de presupuesto incluyó la capitalización de Pampetrol por $529 millones y que, al debatir el tema con los legisladores, surgió el de los alquileres que la petrolera le debía a la Provincia. Admitió que pidió que se dejara de grabar la sesión porque se iban a “ventilar” aspectos de una negociación entre una parte pública y otra parte privada con mayoría estatal “que tenía incidencia en la situación económica y comercial” de esa empresa.
Según indicó, explicó que a Pampetrol se le reclamaban “asiduamente” el pago de los alquileres “ya que solamente abonaba el IVA, lo que había motivado que enviara las notas de reclamo correspondientes”.
Agregó que la negociación derivó en un pago en efectivo de $132 millones en tres cuotas, “quedando un remanente de 529 millones que el Estado Provincial se comprometía a capitalizar”.
“Debe quedar claro que el esquema contractual (y sus derivaciones tributarias) entre las dos partes no fue definido por mí, sino que fue aprobado en 2017 en el ámbito de la Comisión Interpoderes creada por la Ley 2888, con participación del Poder Ejecutivo y con la representación de todos los bloques parlamentarios. Posteriormente, sus decisiones fueron aprobadas por las leyes 2995 y 3201″, añadió el comunicado.
Pese a lo que afirmó en público y frente a los legisladores, Franco subrayó que “nunca” en sus funciones ha “avalado y/o incurrido en ninguna acción ilegal” y consideró que “resultaría una injusticia que mis expresiones descontextualidas invaliden y/o menoscaben la política energética de la Provincia”.
La denuncia de la Fundación Apolo solicita que se investigue si los contratos de locación constituyen “un mecanismo de ‘economía de opción’, en el que se refleja la realidad económica, o si, por el contrario, es una maniobra de ‘evasión’ fiscal que penan las leyes correspondientes”.
También advierte que el supuesto “desvío de los fondos ‘ahorrados’ podrían haber sido destinados “a la campaña electoral provincial”.
La ONG tiene estrechos vínculos con el macrismo y a nivel nacional es liderada por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda.
Es la misma que en el mes de octubre del año pasado, en plena campaña electoral, denunció al Gobierno Provincial por usar dinero público con "fines electorales": el hecho que originó la presentación fue el pago de facturas de servicios de luz y gas.
Anteriormente, también había denunciado al ministro de Cultura de Nación, Tristán Bauer, y logró una medida de la jueza María Servini, quien bloqueó el pago de un subsidio a artistas y agentes culturales. (El Diario)
