El miércoles, el presidente Alberto Fernández reclamó que la Cámara baja avance con la Reforma de la Justicia Federal, que venía con media sanción del Senado desde 2020 pero perdió estado parlamentario porque nunca se trató.

La agenda judicial ocupa un lugar central para una parte de la coalición de gobierno pero en Diputados el Frente de Todos no tiene mayoría y está obligado a negociar. Hasta el momento no ha logrado construir consensos para ningún proyecto que afecte al Poder Judicial. 

Otra reforma que le trae dolores de cabeza al oficialismo es la del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y la sanción de los jueces. Este proyecto también llegó con media sanción del Senado y ahora se encuentra en debate en la comisión de Justicia. El Frente de Todos tiene mayoría en la comisión y podría emitir un dictamen. No obstante, por ahora no tiene los votos para sancionarlo en el recinto.

El proyecto propone una integración del organismo con 17 miembros, sumando un juez, dos abogados y un académico. De esta manera, quedaría compuesto por cuatro magistrados de diferentes zonas del país, cuatro abogados, dos académicos, un representante del Ejecutivo y seis del Poder Legislativo. El principal punto de conflicto entre oficialismo y oposición era el rol de la Corte Suprema. La iniciativa del kirchnerismo no incluye a ningún representante del Máximo Tribunal.

El impuesto a la Renta inesperada será otra batalla complicada. Juntos por el Cambio ya anunció su rechazo, al igual que los cuatro diputados libertarios. Todos coinciden en que la presión tributaria ya es demasiado alta en la Argentina y se resisten a crear nuevos impuestos.

Para llegar al mínimo de 129 votos el oficialismo deberá sumar 11 voluntades entre el Interbloque Federal (8), el interbloque Provincias Unidas (4), el bloque SER (2), el Movimiento Popular Neuquino (1) y el Frente de Izquierda (4).

Justamente para intentar seducir a los bloques provinciales es que el oficialismo destacará que lo recaudado por el impuesto será coparticipable con las provincias. Estos recursos frescos podrían sumar el respaldo de algunos gobernadores. Aunque sin el Interbloque Federal, las cuentas todavía no cierran.

El gravamen alcanzaría a aquellas empresas cuya ganancia neta o contable sea superior a los $1.000 millones, y además cumplan alguna de las dos condiciones siguientes: por un lado, su margen de ganancia en 2022 sea superior al 10% en términos reales, y que el aumento de ese margen en comparación con 2021 sea de un 20% superior.

Por su parte, el Frente de Izquierda ya manifestó dudas sobre el proyecto ya que “no se establecen por ley las asignaciones específicas”, lo que podría significar que el dinero se utilice para pagarle al FMI (algo que rechazan de plano).

Fuente: Infobae.