La denuncia había sido radicada por la Coalición Cívica contra el ex funcionario y tres empresas. El fiscal Ramiro González impulsó la investigación y pidió medidas de prueba
Nacionales21/06/2022
InfoTec 4.0
El fiscal federal Ramiro González impulsó ante el juez Ariel Lijo una investigación para determinar si hubo delito en la puesta en marcha de un plan que implementó el ex secretario de Comercio Interior Roberto Feletti junto a tres empresas para intentar bajar el precio de la harina e influir en el precio de productos farináceos. La denuncia había sido presentada por diputados de la Coalición Cívica que plantearon que “se trató de un subsidio dirigido a una sola compañía molinera”. También se sostuvo que la operatoria de ese fideicomiso podría implicar la posible comisión de delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de activos.
El 22 de mayo, Feletti renunció a la Secretaria de Comercio Interior, cargo al que había llegado tras la derrota oficialista en las elecciones legislativas del año pasado. Alfil de Cristina Kirchner, Feletti hizo público su alejamiento en desacuerdo con la política de control de precios del Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán.
Durante su gestión, Feletti impulsó en marzo el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, un mecanismo establecido por el Gobierno para “desacoplar los precios del mercado interno de la volatilidad que presentan a nivel internacional”, sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania. El decreto 132/2022 planteó una compensación en la compra de las bolsas de harina de trigo a los productores locales para evitar que ese precio se traslade al consumidor final. Según se dispuso en la resolución 355/2021, el precio de la harina 000 (bolsa de 25 kilogramos) sería de $1.150 bajo el esquema del fideicomiso, mientras que el de la harina 0000 (bolsa de 25 kg) se fijó en 1.380 pesos.
Pero las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, y el legislador provincial Luciano Bugallo, denunciaron la medida en Comodoro Py 2002.
“Ciertos molinos habrían sido beneficiados con la inyección de fondos del Estado Nacional para disminuir el valor de mercado del insumo, sin cumplir con los requisitos de elegibilidad previsto para ser considerados Destinatarios de los Desembolsos conforme la documentación que debe analizar la Unidad Ejecutiva acorde lo previsto en el Contrato de Fideicomisos y su Manual Operativo. Los beneficiarios de ese fideicomiso fueron las empresas MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.T.F.I.A. y MOLINOS FLORENCIA SAU, ambas controladas por la COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA (CAGSA)”, se afirmó.
En tanto, se añadió, “MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.T.F.I.A. por entonces se encontraba en concurso preventivo de acreedores en el marco del expediente nro. 10301338, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia y Sexta Nominación de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; y su pasivo superaría los $31.000 millones”. Se agregó que “uno de los principales accionistas es Aldo Adrián Navilli -también investigado por la conformación de sociedades offshore”.
Para los denunciantes, “el 80% del dinero abonado a través del fideicomiso en cuestión, calculado en la suma de $1.098.951.866,38, habría sido transferido a la cuenta corriente que MOLINOS CAÑUELAS posee en el Banco Supervielle, en detrimento de otros molinos, cuyo único propósito habría sido limitar el precio al que se deben vender las bolsas de harina, generando un perjuicio económico en violación de las reglas de competencia”. En cuanto a la empresa MOLINOS FLORENCIA SAU indicaron que también fue beneficiada con el desembolso de sumas millonarias por parte de ese fideicomiso, la que forma parte del grupo societario controlado por la COMPAÑÍA DE GRANOS ARGENTINA SA.
Apenas se conoció la denuncia, Molinos Cañuelas hizo público en un comunicado que decidió ser parte “con el fin de colaborar para que la harina y sus derivados lleguen con un precio más económico a la mesa de todos los argentino” y rechazó haber recibido algún beneficio.
Tras repasar los términos de la denuncia, el fiscal González pidió citar a declarar a los denunciantes para que ratifiquen y aporten más información y requerir a la Secretaría de Comercio Interior que la resolución en cuestión, las actuaciones anexas y el registro de “los beneficiarios y los comprobantes que den cuenta de las transferencias bancarias que se hubieren efectuado en consecuencia; y cualquier otra constancia vinculada con ello”.
El Ministerio Público también solicitó copia del expediente de Molinos Cañuelas para saber “quiénes son los acreedores del concurso preventivo y la sentencia recaída” y pedirle a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación que “indiquen si se han realizado informes de auditoría sobre la creación e implementación del fideicomiso de administración del FONDO ESTABILIZADOR DEL TRIGO ARGENTINO”. También solicitó “los antecedentes comerciales y financieros que registran los investigados”, revelaron a Infobae las fuentes consultadas.
En una sesión del Senado de la Nación realizada hoy, la Cámara Alta rechazó por amplia mayoría el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias. La votación concluyó con 59 votos a favor del rechazo, 9 en contra y 3 abstenciones.
El Senado de la Nación asestó este jueves un nuevo golpe político al presidente Javier Milei al insistir con la ley que establece la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, la Cámara alta no solo rechazó el veto presidencial sino que además lo hizo con una mayoría aún más amplia que la registrada en la media sanción del pasado 10 de julio, cuando el proyecto había reunido 56 votos.
Se trata de una compañía estadounidense especialista en fracking.
El vocero presidencial señaló que para sostener el Financiamiento Universitario de 1.9 billones de pesos “habría que despedir 66.550” empleados públicos.
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En la última sesión del Concejo Deliberante de Realicó, el bloque oficialista del FreJuPa y la bancada de Juntos por el Cambio acompañaron el despacho que autoriza al Ejecutivo municipal a adherir a la Ley Provincial 1557, que establece el descuento automático de las cuotas de viviendas sociales otorgadas por el IPAV a empleados públicos. La ordenanza fue aprobada por amplia mayoría, con la única oposición del concejal de La Libertad Avanza, Manuel Pérez.
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