La denuncia había sido radicada por la Coalición Cívica contra el ex funcionario y tres empresas. El fiscal Ramiro González impulsó la investigación y pidió medidas de prueba
Nacionales21/06/2022
InfoTec 4.0
El fiscal federal Ramiro González impulsó ante el juez Ariel Lijo una investigación para determinar si hubo delito en la puesta en marcha de un plan que implementó el ex secretario de Comercio Interior Roberto Feletti junto a tres empresas para intentar bajar el precio de la harina e influir en el precio de productos farináceos. La denuncia había sido presentada por diputados de la Coalición Cívica que plantearon que “se trató de un subsidio dirigido a una sola compañía molinera”. También se sostuvo que la operatoria de ese fideicomiso podría implicar la posible comisión de delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de activos.
El 22 de mayo, Feletti renunció a la Secretaria de Comercio Interior, cargo al que había llegado tras la derrota oficialista en las elecciones legislativas del año pasado. Alfil de Cristina Kirchner, Feletti hizo público su alejamiento en desacuerdo con la política de control de precios del Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán.
Durante su gestión, Feletti impulsó en marzo el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, un mecanismo establecido por el Gobierno para “desacoplar los precios del mercado interno de la volatilidad que presentan a nivel internacional”, sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania. El decreto 132/2022 planteó una compensación en la compra de las bolsas de harina de trigo a los productores locales para evitar que ese precio se traslade al consumidor final. Según se dispuso en la resolución 355/2021, el precio de la harina 000 (bolsa de 25 kilogramos) sería de $1.150 bajo el esquema del fideicomiso, mientras que el de la harina 0000 (bolsa de 25 kg) se fijó en 1.380 pesos.
Pero las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, y el legislador provincial Luciano Bugallo, denunciaron la medida en Comodoro Py 2002.
“Ciertos molinos habrían sido beneficiados con la inyección de fondos del Estado Nacional para disminuir el valor de mercado del insumo, sin cumplir con los requisitos de elegibilidad previsto para ser considerados Destinatarios de los Desembolsos conforme la documentación que debe analizar la Unidad Ejecutiva acorde lo previsto en el Contrato de Fideicomisos y su Manual Operativo. Los beneficiarios de ese fideicomiso fueron las empresas MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.T.F.I.A. y MOLINOS FLORENCIA SAU, ambas controladas por la COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA (CAGSA)”, se afirmó.
En tanto, se añadió, “MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.T.F.I.A. por entonces se encontraba en concurso preventivo de acreedores en el marco del expediente nro. 10301338, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia y Sexta Nominación de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; y su pasivo superaría los $31.000 millones”. Se agregó que “uno de los principales accionistas es Aldo Adrián Navilli -también investigado por la conformación de sociedades offshore”.
Para los denunciantes, “el 80% del dinero abonado a través del fideicomiso en cuestión, calculado en la suma de $1.098.951.866,38, habría sido transferido a la cuenta corriente que MOLINOS CAÑUELAS posee en el Banco Supervielle, en detrimento de otros molinos, cuyo único propósito habría sido limitar el precio al que se deben vender las bolsas de harina, generando un perjuicio económico en violación de las reglas de competencia”. En cuanto a la empresa MOLINOS FLORENCIA SAU indicaron que también fue beneficiada con el desembolso de sumas millonarias por parte de ese fideicomiso, la que forma parte del grupo societario controlado por la COMPAÑÍA DE GRANOS ARGENTINA SA.
Apenas se conoció la denuncia, Molinos Cañuelas hizo público en un comunicado que decidió ser parte “con el fin de colaborar para que la harina y sus derivados lleguen con un precio más económico a la mesa de todos los argentino” y rechazó haber recibido algún beneficio.
Tras repasar los términos de la denuncia, el fiscal González pidió citar a declarar a los denunciantes para que ratifiquen y aporten más información y requerir a la Secretaría de Comercio Interior que la resolución en cuestión, las actuaciones anexas y el registro de “los beneficiarios y los comprobantes que den cuenta de las transferencias bancarias que se hubieren efectuado en consecuencia; y cualquier otra constancia vinculada con ello”.
El Ministerio Público también solicitó copia del expediente de Molinos Cañuelas para saber “quiénes son los acreedores del concurso preventivo y la sentencia recaída” y pedirle a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación que “indiquen si se han realizado informes de auditoría sobre la creación e implementación del fideicomiso de administración del FONDO ESTABILIZADOR DEL TRIGO ARGENTINO”. También solicitó “los antecedentes comerciales y financieros que registran los investigados”, revelaron a Infobae las fuentes consultadas.
El fiscal Álvaro Garganta citó a declaración indagatoria al exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la utilización de fondos vinculados a multas de tránsito.
La funcionaria destacó la gestión de Patricia Bullrich.
El siniestro se produjo en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Liniers.
Los datos oficiales fueron difundidos por ARCA esta tarde.
El Gobierno nacional, bajo la representación del embajador argentino en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, denunció “violaciones a los derechos humanos” en la República Bolivariana de Venezuela por parte de la gestión de Nicolás Maduro y solicitó su arresto junto al del mandatario Diosdado Cabello.
Un susto que pudo ser mucho peor se vivió este lunes por la mañana en Río Grande, Tierra del Fuego, cuando el recientemente llegado avión Basler BT-67 perteneciente a la empresa Mirgor se despistó durante una maniobra de despegue en el aeropuerto local. La aeronave, que se encontraba realizando un vuelo de entrenamiento para pilotos, terminó fuera de pista y sufrió importantes daños estructurales, aunque sus tres ocupantes resultaron ilesos.
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Un susto que pudo ser mucho peor se vivió este lunes por la mañana en Río Grande, Tierra del Fuego, cuando el recientemente llegado avión Basler BT-67 perteneciente a la empresa Mirgor se despistó durante una maniobra de despegue en el aeropuerto local. La aeronave, que se encontraba realizando un vuelo de entrenamiento para pilotos, terminó fuera de pista y sufrió importantes daños estructurales, aunque sus tres ocupantes resultaron ilesos.
Lo que debía ser un simple vuelo de entrenamiento terminó convertido en un accidente de gran magnitud en el aeropuerto de Río Grande, donde el flamante Basler BT-67 adquirido por Mirgor sufrió un violento despiste que lo dejó hundido en terreno blando, con colapso de trenes de aterrizaje, daño severo en las alas y destrucción de sus hélices. Afortunadamente, los tres ocupantes resultaron ilesos. MIRÁ EL VIDEO.
El Tribunal de Cuentas de La Pampa publicó en el último Boletín Oficial una serie de fallos que revelan importantes irregularidades administrativas en distintas Comisiones de Fomento, imponiendo cargos económicos millonarios y multas personales a sus responsables. Los casos más relevantes afectan a las administraciones de Damián Maisonnave con 11.8 millones de pesos, luego figuran Loventuel y Agustoni con cargos menores. Se detectaron pagos indebidos, uso inadecuado de fondos públicos y reiterados incumplimientos en la rendición de cuentas.
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