La empresa Emtrasur le pidió esta mañana al juez federal Federico Villena que devuelva el avión retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el miércoles 8 de junio. A través de un abogado, la filial de Conviasa acompañó documentación sobre la aeronave.

Antes de definir la situación del avión, el juez Villena quiere analizar el nuevo requerimiento de la fiscal Cecilia Incardona, previsto para las próximas horas.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, Villena le corrió vista a la fiscal “para delimitar el objeto procesal”. La nueva acusación podría incluir alguna figura vinculada al terrorismo.

En cambio, hasta ahora no hay pruebas contundentes sobre los otros cuatro iraníes y los 14 venezolanos. “Los pasaportes son todos genuinos”, confirmó a este medio una fuente de la investigación. De esa manera relativizó los dichos del ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, quien puso en duda la identidad del copiloto del avión, Mahdi Museli.

“¿Quiénes son los demás miembros del Consejo Directivo de Qeshm Fair Air? Por ahí nos encontramos con sorpresas. ¿Quién es el copiloto del avión? ¿Es correcto el apellido del copiloto o no? Porque sabemos que a veces cambian el nombre y cuando tienen un pasaporte aquí o allá a veces le cambian la “H”, la “J”, la “L”... es un procedimiento común a veces“, dijo Aquino.

Los teléfonos y las tablets se secuestraron hace una semana en el hotel de Canning (Maximiliano Luna)

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestrados a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

El abogado que representa a los tripulantes, Hernán Carluccio, ya había denunciado a los funcionarios que intervinieron en el operativo y pidió ser aceptado como querellante en el expediente. El argumento central de esa presentación era que “los funcionarios de la PSA actuaron sin advertir a la autoridad judicial competente y menos aún sin mediar ningún tipo de orden judicial que lo habilite a allanar el avión de bandera extranjera”.

El Boeing 747-300 partió desde el aeropuerto de Querétaro (México) el 5 de junio, pero hizo una escala en Caracas (Venezuela) antes de llegar a Buenos Aires.

El lunes 6, tras otra escala forzosa en Córdoba de dos horas, el avión aterrizó en Ezeiza y la carga fue revisada por las autoridades aduaneras argentinas con especial atención porque había alertas de agencias internacionales.

Dos días después, fue revisada nuevamente en un operativo conjunto entre PSA, PFA y Aduana en la Terminal de Cargas Argentina (TCA). “Para la realización de dichos controles se utilizaron detectores de trazas, canes especializados en la búsqueda de explosivos y narcóticos, como así también se sometieron de manera aleatoria para su control por equipos de rayos x, alguno de los pallets de la carga en cuestión; dichos controles arrojaron resultado negativo en cuanto a la presencia de elementos prohibidos”, detalló la PSA en un informe ante el juez federal Federico Villena.

El viernes 10, cerca de las 19, cuando ya había trascendido el escándalo por un pedido de informes del diputado Gerardo Milman, hubo otra revisión de la PSA dentro del avión, con la presencia de los tripulantes.